Tras cuatro años de investigación, la policía de Rhode Island (EE.UU.) y el fiscal general de ese Estado han anunciado que no van a presentar cargos criminales contra 38 Studios en relación con la financiación y uso de subvenciones para este estudio para la creación del fracasado proyecto de juego masivo en línea de Kingdoms of Amalur (conocido también como Project Copernicus), que terminó con el cierre del estudio, la venta de sus propiedades intelectuales e incluso un escándalo político ya que se acusó al gobernador del estado de sabotear la recuperación financiera del estudio.
En el pasado ya se había determinado que no iban a presentarse cargos federales contra el estudio, pero se aceptó a trámite la demanda del estado de Rhode Island contra 38 Studios en 2013, razón por la que la investigación de la policial local siguió adelante.
Steven O'Donnell, de la policía de Rhode Island, explicó en una rueda de prensa ante los medios locales que "es nuestro deber colectivo y nuestra responsabilidad descubrir los hechos y que estos nos señalen a dónde ir. Para procesar a cualquier persona por violar cualquiera de las leyes del Estado de Rhode Island tenemos que establecer una causa probable en la que se hayan podido vulnerar esas leyes. En este caso en particular no hemos encontrado causa probable para establecer que se haya cometido un crimen. La opinión de la policía del Estado de Rhode Island y del Departamento del Fiscal General es que un mal negocio no siempre equivale a un enjuiciamiento".
Sus malas decisiones en los negocios no equivalen a un crimen
La investigación policial ha concluido que no hubo fraude ni mala intención en la gestión del dinero y, por supuesto, que no ha habido apropiación ilegal del dinero. Se han dado por buenos los libros de cuentas de la compañía y se ha atribuido la pérdida del dinero a malos acuerdos en los negocios del estudio. Como indicó O'Donnell, las malas decisiones empresariales no son un crimen.
El fiscal general, Peter Kilmartin, se pronunció en términos similares e indicó que comprendía "la frustración de los habitantes de Rhode Island en relación con todo el asunto de 38 Studios".
El proceso se inició en 2012 cuando se presentó una demanda contra 38 Studios acusándola de negligencia en la gestión de subvenciones públicas en forma de aval hipotecario por valor de 75 millones de dólares.
El fiscal de Rhode Island en aquel año afirmó entonces "no se tomarán de momento más acciones federales" al considerar que no se había incumplido esa legislación, si bien se mantuvo abierta una investigación paralela para aclarar si se incumplieron las leyes estatales de Rhode Island, que es la investigación que ahora ha concluido.
