Guerra. Hoy en día, este término cobra una fuerza inesperada en el escenario político y social global. ¿Por qué? La guerra en Ucrania, que ya ha cumplido tres años, sigue marcando el ritmo de las relaciones internacionales. Mientras Donald Trump lidera esfuerzos para encontrar una salida negociada con Vladimir Putin, con varios encuentros entre Rusia y Estados Unidos, la paz sigue siendo una meta distante.
Por su parte, la Unión Europea insiste en que Ucrania debe ser parte activa en las conversaciones, considerando el apoyo incondicional que ha brindado al país desde el inicio del conflicto y se está rearmando y blindando a nivel militar. España, haciendo caso a las advertencias de los expertos, lleva unas semanas aumentando su gasto en defensa. Pero mientras Bruselas exige a los hogares abastecerse en caso de conflico o crisis climática, nos preguntamos ¿cuáles serían los primeros ciudadanos españoles en ser reclutados para la guerra?
Los primeros ciudadanos en ser movilizados si España se ve envuelta en una guerra
El debate actual gira en torno al cuándo, más que al qué: ¿cuándo llegará la ansiada tregua? Sin embargo, a lo largo de estos tres años, las tensiones han sido constantes, y el temor a una escalada sigue siendo palpable, sobre todo si las diferencias entre Rusia y Estados Unidos continúan ampliándose.
España, por su parte, mantiene una postura más cautelosa. Mientras otros países toman posiciones claras, España prefiere no abordar la guerra con términos tan rotundos. A pesar de ello, la Constitución Española es tajante en este asunto: en su artículo 30 establece que "los españoles tienen el derecho y deber de defender a España".
Desde la abolición del servicio militar obligatorio en 2001, durante el gobierno de José María Aznar, España cuenta con un Ejército profesional. En la actualidad, sus Fuerzas Armadas cuentan con unos 120.000 efectivos, quienes serían los primeros en actuar en caso de un conflicto armado. Sin embargo, la ley de la carrera militar, aprobada en 2007, contempla tres tipos de reservistas: los de especial disponibilidad, los voluntarios y los obligatorios.
La incorporación de estos reservistas solo tendría lugar en situaciones excepcionales o de crisis, cuando las necesidades de defensa nacional no puedan ser cubiertas por los efectivos profesionales. En caso de ser necesario, el Consejo de Ministros movilizaría a los reservistas voluntarios y a los de especial disponibilidad, que incluyen tanto a militares que han dejado el servicio a los 45 años como a civiles que se han inscrito voluntariamente.
En total, aproximadamente 8000 personas formarían este primer grupo de reservistas. Si fuera necesario convocar a más personas, el Gobierno debería solicitar autorización al Congreso para movilizar a los reservistas obligatorios: civiles sin experiencia previa en las Fuerzas Armadas, principalmente jóvenes de entre 19 y 25 años.
El proceso de reclutamiento incluye un cuestionario voluntario donde los jóvenes deberán informar sobre su estado de salud y físico, así como sobre sus preferencias en cuanto al tipo de Ejército al que se incorporarán. A continuación, se les realizarían pruebas médicas y psicológicas. Si son seleccionados, recibirían el uniforme y se integrarían como soldados, sujetos a las leyes penales y disciplinarias militares. Los que no deseen servir podrían acogerse a la objeción de conciencia, un derecho recogido en la ley.
La defensa de España, aunque discreta, está bien estructurada, y el país se prepara para actuar si la situación lo requiere, confiando en un sistema legal que establece claramente los pasos a seguir en tiempos de necesidad.
