La guerra en Ucrania ha entrado en su tercer año sin una solución clara a la vista. Aunque el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Vladimir Putin, la paz sigue siendo una incógnita.
Desde la Unión Europea se insiste en que cualquier negociación debe incluir a Ucrania como parte activa, además de a los países europeos que han brindado apoyo a Kiev desde el inicio del conflicto. El temor de que el conflicto escale sigue latente, sobre todo si las diferencias entre Rusia y Estados Unidos se agravan.
En España, el debate sobre un posible involucramiento en la guerra sigue siendo un tema delicado. La Constitución Española, en su artículo 30, establece que los ciudadanos tienen el derecho y deber de defender al país en caso de necesidad. Sin embargo, la nación cuenta con un ejército profesional desde 2001, cuando se abolió el servicio militar obligatorio. Actualmente, las Fuerzas Armadas españolas están compuestas por unos 120.000 efectivos, quienes serían los primeros en actuar en caso de un conflicto armado.
La crisis extrema lo cambia todo
No obstante, en un escenario de crisis extrema, España podría recurrir a su sistema de reservistas, clasificados en tres tipos: especial disponibilidad, voluntarios y obligatorios. Los dos primeros grupos, que suman alrededor de 8.000 personas, serían los primeros en ser convocados si el Consejo de Ministros lo aprueba.
Si esto no fuera suficiente, el Gobierno necesitaría la autorización del Congreso para llamar a filas a los reservistas obligatorios, es decir, civiles de entre 19 y 25 años sin experiencia previa en el ejército. El proceso de reclutamiento incluiría la entrega de un cuestionario voluntario para que los jóvenes afectados proporcionen información sobre su estado de salud y preferencias dentro del ejército.
Posteriormente, se realizarían exámenes médicos, pruebas físicas y psicológicas. Aquellos que sean seleccionados recibirían formación militar básica antes de ser integrados en las Fuerzas Armadas, donde estarían sujetos a las mismas normativas y regulaciones que los soldados de carrera.
A pesar de estas previsiones, los ciudadanos que se opongan a formar parte del ejército pueden acogerse a la objeción de conciencia, según lo estipulado en la Ley de la Carrera Militar. El artículo 138 establece que quienes rechacen portar armas pueden solicitar la exención del servicio. Mientras tanto, la guerra en Ucrania sigue evolucionando, y el papel de España dentro de un posible escenario de escalada sigue siendo incierto.
