La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, uno de los organismos que estudia la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ha obligado a Sony Interactive Entertainment a compartir con la empresa de Redmond los documentos internos de la empresa japonesa que pedían los de Xbox, algo que desde la firma de PlayStation tacharon de "acoso evidente". El juez administrativo principal de la FTC, Michael Chappell, ha dado la razón a la compañía americana, que podrá acceder a muchísimos "documentos relevantes", informan desde Game Developer y Kotaku. Sin embargo, solo se podrán hacer públicos los acuerdos realizados a partir del 1 de enero de 2019.
En los archivos que Microsoft ha solicitado hay mucha información: correos electrónicos que SIE ha cruzado sus abogados especializados en prácticas antimonopolio, documentación sobre sus directivos e incluso de antiguos empleados de Sony, e informes que permitan dilucidar si lo que argumenta la compañía de Xbox es cierto: que la corporación japonesa paga a otras editoras para evitar que sus juegos salgan en otras plataformas y no lleguen a Game Pass.
El juez ha hecho caso omiso a la petición de Sony de que no se acceda a esos documentos porque "la naturaleza y el alcance de los acuerdos de licencia de contenido [de Sony] son relevantes para las alegaciones sobre acuerdos de exclusividad entre los fabricantes de consolas y los desarrolladores y las editoras de videojuegos".
"Microsoft declara que es consciente de que SIE pide a muchas editoras de terceros firmar exclusividades, incluyendo evitar que las editoras pongan sus juegos en el servicio de suscripción multijuego de Xbox, y que comprender el alcance completo de los acuerdos de exclusividad de SIE y su efecto en la competitividad de la industria ayudará en su defensa", se puede leer en el documento de la FTC.
Microsoft quería acceder a los acuerdos de la última década
La intención de Microsoft era poder acceder a este tipo de documentos de los últimos 10 años, algo que el juez ha rechazado porque el caso "no se centra en conductas pasadas sino en los posibles efectos de anticompetitivdad en el futuro". Un futuro en el que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, valorada en 68.700 millones de dólares, todavía no está clara.
