La reciente decisión de la junta educativa de la prefectura de Hyogo, en Japón, de despedir a un director de escuela secundaria por el hurto de una cantidad insignificante de café en una tienda de conveniencia ha desencadenado un debate sobre la proporcionalidad de las sanciones aplicadas a los servidores públicos. El director, de 59 años, perdió su empleo y su pensión de jubilación, valorada en unos 20 millones de yenes (aproximadamente 135.000 dólares), por un acto que implicó un sobrecosto de tan solo 490 yenes (unos 3 euros) ya que en varias ocasiones seleccionó una opción de café más grande de la que había pagado. Este castigo, calificado por algunos críticos como una "sentencia de muerte" para un delito menor, resalta la rigurosidad con la que se trata la conducta ética en el ámbito educativo en Japón.
Normas estrictas para los funcionarios japoneses
Según publican medios como Japan Today, La junta de educación justificó su decisión argumentando una aplicación estricta de las normas, al considerar el acto del director como una grave falta de conducta para alguien en su posición. Según el sistema de disciplina para los funcionarios públicos, el robo puede resultar en suspensión o destitución, siendo esta última la sanción aplicada en este caso. La determinación se basó en la importancia de mantener una imagen intachable de los educadores, quienes deben ser ejemplos de moralidad y ética tanto para estudiantes como para el personal a su cargo. Sin embargo, esta postura ha generado controversia, especialmente al comparar la magnitud del castigo con la del delito cometido.
*Major scandal in Japan*
A junior high principal was caught paying for $0.75 coffee while pouring himself $1.25 coffee at the self-service machine. The principal was arrested and fired, lost his teaching license and retirement pay.
We’re not the only country with crime problems pic.twitter.com/EuRPb6q86A
— Richard Hanania (@RichardHanania) February 29, 2024
Un castigo desproporcionado
Takashi Sakata, profesor de educación pública en la Universidad Femenina de Japón en Tokio, argumenta que, aunque el director merecía una penalización más severa por su rol modelo, la pérdida de su licencia de enseñanza y su jubilación resultan desproporcionadamente graves en comparación con el daño económico causado. De hecho, la severidad del castigo ha abierto un debate sobre la necesidad de considerar las consecuencias de las decisiones disciplinarias, especialmente cuando afectan drásticamente la vida de los implicados.
