Tafep, la agencia estatal singapurense encargada de velar por las buenas prácticas en el entorno laboral, está investigando a Ubisoft Singapur tras haber recibido quejas anónimas de acoso sexual y discriminación en los lugares de trabajo. Este estudio se encarga actualmente del desarrollo de Skull and Bones, un título que habría visto reiniciada su producción en varias ocasiones desde 2017, aunque también ha colaborado en la creación de recientes lanzamientos como Assassin's Creed Valhalla o Immortal Fenyx Rising.
Según explican en The Straits Times, la investigación ha salido a la luz poco después de que Kotaku publicase un artículo con declaraciones de más de 20 personas relacionadas con Ubisoft Singapur, ya sea por estar trabajando en el estudio como por haber trabajado anteriormente en él. Los enlaces a este y otros artículos llegaron a Tafep de manera anónima el 23 de julio y ahora la agencia solicita a cualquier persona con información acerca de estos hechos que se ponga en contacto con ellos para agilizar la investigación.
El director de Ubisoft Singapur fue apartado del estudio el año pasado
Ubisoft Singapur ya fue noticia el año pasado al respecto de esta problemática cuando su director general, Hugues Ricour, fue apartado del estudio: aunque siguió trabajando en la compañía francesa, Ricour dejó su puesto tras una "auditoría de liderazgo", según las informaciones oficiales. Esa decisión, sin embargo, fue relacionada por fuentes cercanas con las múltiples acusaciones de acoso sexual en Ubisoft que salieron a la luz el pasado verano.
Precisamente a finales del mes pasado más de 1000 trabajadores de todos los estudios que Ubisoft tiene repartidos por el mundo firmaron una carta abierta en la que se solidarizaban con sus compañeros de Activision Blizzard, que pasa por una investigación similar, y criticaban la postura de la directiva de Ubisoft de cara a esta problemática. Yves Guillemot, CEO de la compañía, dijo seguir trabajando en procesos que ayuden a acabar con estos casos pero los empleados criticaron de nuevo la falta de una consecuencia real para aquellas personas que han sido acusadas de un comportamiento discriminatorio y abusivo en el entorno laboral.
