El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad promovida por Nayib Bukele, ha vuelto a ser noticia tras confirmarse el ingreso de 238 venezolanos supuestamente vinculados al Tren de Aragua, una de las bandas más peligrosas de América Latina. La noticia ha encendido las alarmas entre la comunidad migrante venezolana, especialmente entre quienes han sido deportados desde Estados Unidos, pues temen ser enviados a esta prisión por meras sospechas, incluso si no tienen antecedentes penales.
Financiamiento externo y críticas a la “mano dura”
La medida, amparada por la obsoleta Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ha generado un intenso debate sobre derechos humanos y criminalización de la migración. Según cifras publicadas por agencias como AP y la BBC, Estados Unidos aportará seis millones de dólares para el alojamiento y custodia de unos 300 venezolanos en El Salvador durante un año.
Mientras tanto, el gobierno de Bukele continúa usando el Cecot como emblema de su política de "mano dura" contra el crimen, una estrategia que, aunque ha reducido los homicidios, también ha recibido críticas por violaciones de garantías judiciales y condiciones inhumanas de reclusión. El Cecot, con capacidad para 40.000 reclusos, fue inaugurado en 2023 como parte del “régimen de excepción” con el que Bukele ha encarcelado a miles de presuntos pandilleros.
Condiciones extremas y vigilancia total
Las cifras y características del complejo hablan por sí solas: 116 hectáreas rodeadas por kilómetros de vallas electrificadas, 256 celdas sin ventanas ni ventilación, torres de vigilancia, escáneres corporales y más de 1.800 agentes de seguridad entre policías, custodios y militares. Dentro, los reclusos permanecen incomunicados, sin contacto con el exterior ni con sus familias.
Para los activistas de derechos humanos, este tipo de instalaciones no son centros de rehabilitación, sino espacios de castigo extremo que rozan la tortura sistemática. Uno de los aspectos más preocupantes es la ambigüedad en los criterios de identificación de los detenidos, que ha derivado en detenciones arbitrarias. En El Salvador, llevar tatuajes visibles puede ser motivo suficiente para ser señalado como pandillero.
Esta lógica de perfilamiento ha provocado temor entre venezolanos deportados, quienes denuncian que podrían acabar en el Cecot solo por su apariencia física o por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La propia BBC ha documentado casos de personas detenidas sin pruebas más allá de sus tatuajes o antecedentes migratorios.
Entre el castigo y el dilema democrático
Para Bukele, el Cecot es un símbolo de orden recuperado. Pero para muchos migrantes, especialmente los venezolanos que huyen de la violencia y la crisis en su país, representa un posible infierno en la Tierra, donde el encierro llega sin juicio, sin defensa y sin garantías. El caso plantea preguntas cruciales: ¿puede una democracia justificarse en cárceles donde no entra la luz?
¿Es aceptable delegar la gestión del crimen a modelos autoritarios que normalizan el encierro masivo? En medio de la polarización política, el Cecot no es solo una cárcel: es un espejo de los dilemas éticos que enfrenta América Latina en su lucha contra el crimen y la migración forzada.
