España conmemora el segundo aniversario de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y bienestar animal. Esta normativa, que en su día suscitó un acalorado debate político y social, ahora se enfrenta a un reto más concreto: su aplicación práctica.
Tras superar las disputas jurídicas, ya que la ley establece claramente sus requisitos, la atención se ha centrado en los ayuntamientos. En ellos reside el éxito de la ley, especialmente en un aspecto fundamental: la gestión de las colonias de gatos callejeros en entornos urbanos. La ley no deja mucho margen a la interpretación.
Los municipios están obligados a implementar programas estructurados que incluyan censos actualizados, esterilización sistemática, control sanitario y coordinación con cuidadores y asociaciones. Si bien el modelo está claramente definido en el papel, su ejecución en la práctica es otra cuestión.
La Ley de Bienestar Animal exige el control de colonias felinas, pero los ayuntamientos no están cumpliendo con esta obligación
Algunas ciudades han establecido sistemas organizados, con planificación anual y seguimiento veterinario. Sin embargo, en muchos otros casos, la gestión sigue dependiendo de actuaciones aisladas o del esfuerzo de voluntarios, sin una estrategia integral que garantice la continuidad de las acciones.
Juan Manuel Taboada, CEO y fundador de Meow Metrics, una plataforma tecnológica que ayuda a los ayuntamientos a gestionar la población animal, explica que "lo que hay que hacer está perfectamente definido". El reto reside en "transformar esa obligación legal en una política pública sostenida. Sin datos, planificación y coordinación administrativa, es muy difícil que funcione".
La ley introdujo cambios importantes para animales domésticos y comunitarios, siendo la identificación obligatoria mediante microchip uno de los más relevantes. Esta medida busca combatir el abandono y facilitar la localización de mascotas. Además, el régimen sancionador se endureció, con infracciones graves que pueden alcanzar multas de hasta 200.000 euros en los casos más extremos.
En el caso de los gatos comunitarios, la responsabilidad recae directamente en los ayuntamientos, quienes deben implementar programas CER (captura, esterilización y retorno) y asegurar el control sanitario de las colonias.
Los expertos coinciden en que las diferencias entre municipios no se deben tanto a posturas políticas como a cuestiones operativas. Implementar estos programas requiere coordinar múltiples áreas, como las de medio ambiente, sanidad y la propia participación ciudadana, junto a la colaboración de veterinarios, asociaciones y redes de voluntariado locales.
La ausencia de una estructura sólida conlleva consecuencias negativas, como el aumento de colonias, nuevas camadas, mayor vulnerabilidad de los animales y conflictos vecinales cada vez más frecuentes. Además, existe el llamado "efecto vacío": retirar gatos sin un control poblacional adecuado provoca que otros ocupen rápidamente ese espacio, perpetuando el problema.
En este contexto, herramientas como Meow Metrics buscan actuar como un nexo entre administraciones, gestores de colonias y clínicas veterinarias. La clave reside en los datos: información geolocalizada, validada y compartida que permita pasar de la gestión reactiva a una proactiva y efectiva del problema. improvisación a la planificación. "Cuando un ayuntamiento sabe exactamente cuántas colonias tiene, dónde están y en qué estado se encuentran, puede optimizar recursos y anticiparse a los problemas", apunta Taboada.
Durante años, la gestión de colonias felinas ha recaído en asociaciones y cuidadores particulares. La Ley 7/2023 cambia ese paradigma y traslada la responsabilidad a las administraciones locales. Es, en el fondo, un cambio de modelo. El bienestar animal deja de depender del activismo para convertirse en una política pública con obligaciones concretas. "El simbolismo ha dado paso a la responsabilidad institucional", resume Barrantes. Dos años después, el diagnóstico es claro: la ley ya no está en discusión. Lo que está en juego es su ejecución.
