Italia ha decidido adelantarse a todos. Mientras la Unión Europea ultima la implantación plena del Reglamento (UE) 2024/1689 sobre inteligencia artificial, Roma ya ha firmado su propia visión del futuro: un Disegno di Legge aprobado el 12 de septiembre que convierte al país en el primer Estado miembro en desarrollar de forma interna el gran marco comunitario.
Y lo hace con un sello inconfundible, casi programático: un enfoque profundamente “antropocéntrico”, heredero de una sensibilidad humanista que contrasta con la mirada más punitiva que comienza a perfilar España.
Italia se adelanta en la batalla regulatoria contra la IA y señala la ruta que España podría adoptar para blindarse.
El término no es casual. El DDL italiano establece definiciones precisas y fija cómo debe integrarse la IA en sectores tan delicados como la sanidad, el empleo o la administración pública. Como apunta el abogado Santiago Martín Aravaca en Confilegal, la clave reside en esa voluntad de situar a la persona en el centro del diseño tecnológico. Es una brújula cultural que recuerda al Renacimiento: antes que algoritmos, primero el ser humano; antes que la automatización, la responsabilidad.
Este prisma filosófico no impide la concreción. La ley despliega un conjunto de obligaciones que buscan responder a los desafíos más inmediatos. Los deepfakes con intención dañina pasan a castigarse con penas de entre uno y cinco años de prisión. Los delitos tradicionales, como el fraude o la suplantación, se agravan si interviene inteligencia artificial para facilitar la fuga o manipulación de datos.
Los menores de 14 años, por su parte, solo podrán acceder a estos sistemas con autorización familiar explícita. Y en el terreno creativo, la norma blinda los derechos de autor siempre que exista intervención humana efectiva.
Para coordinar la implantación, el gobierno italiano señala a dos actores centrales: la Agencia para Italia Digital y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, esta última encargada de integrar la IA en la defensa de infraestructuras críticas. España, mientras tanto, avanza por un carril distinto. Su Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial dedica buena parte de su estructura a la definición de infracciones, tipologías y sanciones.
El jurista Pablo Sáez de Hurtado define este enfoque como “garantista y sancionador”, aunque llama la atención una ausencia: no se contemplan sanciones para la Administración Pública, algo sí previsto en la normativa italiana. Al final, ambos países comparten el mismo destino -aplicar el marco europeo- pero se aproximan a él desde sensibilidades opuestas. Italia opta por un camino cultural y humanista; España, por un esquema de control que busca contener riesgos sin asfixiar la innovación.
