El Ministerio de Transformación Digital ha puesto sobre la mesa un real decreto que obligará a las grandes operadoras -Telefónica, MásMóvil, Vodafone y Digi- a invertir hasta 73 millones de euros para blindar sus redes frente a apagones como el de abril y fenómenos extremos como la DANA. La medida, que acaba de salir a audiencia pública, pretende evitar que cortes de electricidad paralicen las comunicaciones en momentos críticos.
España exige a operadoras invertir 70 M€ para proteger sus redes frente a un apagón masivo
El alcance es amplio: de los 10.400 emplazamientos estratégicos de las operadoras, 7.280 deberán reforzarse. Hoy solo el 30% cuenta con baterías o generadores capaces de mantener el servicio al menos cuatro horas sin suministro eléctrico, un déficit que el Gobierno considera intolerable. La urgencia se mezcla con la delicada situación financiera de algunas compañías, en pleno ERE o con planes de recorte de costes.
El decreto marca obligaciones concretas: el 85% de la población debe poder acceder a telecomunicaciones -incluidas llamadas de emergencia- durante un apagón de hasta cuatro horas. Las infraestructuras críticas tendrán exigencias más duras: cables submarinos, centros de datos y nodos troncales deberán operar 24 horas; puntos de intercambio de internet y sistemas satelitales, 12 horas; y el resto de antenas de red móvil, cuatro horas mínimas.
El cumplimiento no es opcional. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones podrá inspeccionar, auditar y solicitar datos en cualquier momento. Las infracciones graves pueden costar hasta 2 millones de euros por empresa, y hasta 30.000 euros a directivos responsables. La sanción más severa: suspensión temporal o definitiva de licencias y prohibición de ejercer funciones directivas.
Además, se creará una mesa de coordinación con Defensa, Interior, Seguridad Nacional, comunidades autónomas y la CNMC, que funcionará como foro estratégico para protocolos y buenas prácticas, sin intervenir directamente en incidentes.
El decreto responde a crisis recientes -la DANA en Valencia o la erupción de La Palma- que evidenciaron lo crítico de mantener las comunicaciones operativas. Tras la audiencia pública, necesitará el visto bueno del Consejo de Ministros y del Congreso para entrar en vigor.
