El apagón que afectó a España en abril de 2025 dejó una huella imborrable, más allá de la simple interrupción del suministro eléctrico. Sirvió como un recordatorio contundente de la vulnerabilidad de la infraestructura crítica del país, especialmente en un mundo cada vez más dependiente de la conectividad digital.
Durante esas horas de oscuridad, el problema fue más allá de la falta de luz. Para muchos ciudadanos, la verdadera dificultad fue la caída de las redes móviles, lo que impidió la comunicación, el acceso a información en tiempo real y el seguimiento de la evolución de la emergencia. En muchos hogares, la radio analógica resurgió como el único medio fiable para mantenerse informado.
Adiós al “sin cobertura” en crisis: España obliga a reforzar las antenas ante cortes eléctricos
Tras el reciente precedente, el Ejecutivo trabaja en una nueva regulación: el Real Decreto de Resiliencia de las Redes, impulsado por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Su objetivo es minimizar el impacto de futuros apagones sobre las telecomunicaciones y evitar una desconexión total en situaciones críticas.
La medida más significativa del borrador establece que las principales operadoras del país, como Telefónica, Orange, Vodafone y Digi, deberán garantizar una cobertura mínima durante cortes eléctricos. Concretamente, se propone mantener operativa la red móvil durante al menos cuatro horas en caso de apagón, con una cobertura estimada del 75% de la población. Para cumplir con este objetivo, las compañías deberán instalar sistemas de respaldo energético, principalmente baterías en las estaciones base, que permitan mantener el funcionamiento de las antenas incluso sin suministro eléctrico externo.
Esto requerirá una importante modernización de la infraestructura actual, especialmente en zonas urbanas y corredores de alta densidad. Inicialmente, el Gobierno se había fijado un ambicioso objetivo de cobertura del 85%, pero finalmente lo rebajó para facilitar su implementación y reducir la carga inversora del sector.
El calendario también se ha flexibilizado, permitiendo a las operadoras hasta finales de 2029 o comienzos de 2030 para completar el despliegue, lo que les da un margen de varios años para adaptar la red.
El sector ha recibido con escepticismo la iniciativa, expresando su preocupación por el impacto económico que conllevaría la instalación en solitario de miles de sistemas de respaldo. Las compañías temen que este esfuerzo pueda desviar recursos de otras inversiones estratégicas, como la expansión del 5G en zonas rurales o el desarrollo de tecnologías futuras como el 5G Advanced y el 6G, previsto para la próxima década.
A pesar de estas preocupaciones, el Gobierno defiende la medida como un paso crucial hacia una red de comunicaciones más robusta, capaz de resistir crisis energéticas y garantizar la conectividad incluso en situaciones extremas.
