España se prepara para un nuevo hito regulatorio en el ámbito de Internet. El país ya destaca entre los líderes mundiales en conectividad gracias a la amplia implantación de fibra óptica, el progreso del 5G y la expansión de las redes satelitales. El Gobierno aspira a ir más allá y fortalecer el acceso universal a la red.
Para lograrlo, el Ejecutivo ha aprobado un real decreto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones con un objetivo principal que no es otro que ampliar el acceso a Internet y mejorar las condiciones del servicio, especialmente para los usuarios con menos recursos, al tiempo que se elevan los estándares de calidad.
Los usuarios podrán solicitar un 25% de descuento en su factura de Internet y descargas más rápidas a partir de ahora
Esta reforma se centra en el Servicio Universal de Telecomunicaciones, vigente desde 2005, un sistema que se ha quedado desfasado ante la rápida evolución tecnológica de los últimos años. En la actualidad, este servicio ofrece una modalidad básica de acceso a Internet a bajo coste, gestionada por Movistar, pero con limitaciones significativas: una velocidad máxima de 10 Mbps y un límite de 45 GB mensuales, cifras que resultan insuficientes para los usos digitales actuales.
Con la normativa actual a punto de expirar el 31 de diciembre de 2026, el Gobierno prevé que el nuevo marco entre en vigor el 1 de enero de 2027. Uno de los cambios más importantes es que todas las operadoras estarán obligadas a ofrecer este servicio universal, eliminando el monopolio actual y permitiendo a los usuarios elegir la compañía que mejor se adapte a sus necesidades en cuanto a cobertura, precio y calidad.
Se introducirán tarifas sociales con un descuento mínimo del 25% sobre el precio habitual, dirigidas a colectivos vulnerables, como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, quienes podrán solicitar la reducción directamente a su operadora. Este descuento se aplicará tanto a la cuota mensual como a los posibles costes de alta.
La medida también abarca a pymes, microempresas y organizaciones sin ánimo de lucro, junto con nuevas garantías para evitar desconexiones de servicio injustificadas. Otro pilar fundamental del decreto es la mejora de la calidad de conexión. El nuevo estándar establecerá una velocidad mínima de 100 Mbps, con 5 Mbps de subida y una latencia máxima de 690 ms, adaptándose a las capacidades actuales de las infraestructuras de fibra y satélite en España.
Finalmente, las operadoras deberán ofrecer y publicitar estas tarifas sociales de forma clara y visible, con el objetivo de generalizar su uso y asegurar que el acceso básico a Internet deje de depender de las condiciones económicas o de la compañía elegida.
