El Ministerio de Consumo ha detectado a más de 100 influencers españoles que han realizado publicidad encubierta, sin señalarla como tal, lo que infringe la normativa de protección al consumidor. De hecho, un dato alarmante del informe señala que el 70% de los influencers en España no identifica correctamente sus contenidos pagados en sus emisiones y esto, en un futuro, tendrá consecuencias.
Alerta entre los influencers españoles: El Gobierno los acusa de publicidad encubierta y anuncia sanciones
Este problema se enmarca en un sector de enorme crecimiento y relevancia económica en el país. Según estudios recientes del sector, como los de IAB Spain, en España hay más de 200.000 creadores de contenido con más de 10.000 seguidores en las principales plataformas. Este ecosistema digital no solo tiene un gran alcance social, sino también un considerable impacto económico.
La inversión en marketing de influencers ha experimentado un crecimiento exponencial, superando los 125 millones de euros anuales en 2024, una cifra que refleja la apuesta decidida de las marcas por este canal publicitario y la profesionalización de una industria que mueve grandes sumas de dinero.
Ante esta realidad, el Gobierno ha adoptado en una primera fase una estrategia de "disciplina preventiva", enviando advertencias por escrito a los infractores antes de imponer multas. Según el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, el objetivo es corregir la conducta sin necesidad de sancionar inmediatamente.
Sin embargo, para quienes no cumplan la normativa, las consecuencias económicas son severas, con multas que van desde los 10.000 euros hasta 1,5 millones de euros, dependiendo de la gravedad y la facturación del infractor.
Esta capacidad de actuar se enmarca en una nueva ley de hace tres años que otorgó al Estado competencias para sancionar directamente. Desde entonces, se han gestionado más de 500 denuncias y se han iniciado 50 procedimientos sancionadores, demostrando una voluntad firme de que estas infracciones no queden impunes. Barragán subrayó que el fin último es proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, de prácticas abusivas que estaban normalizadas, como la publicidad ilícita dirigida a menores o los cobros indebidos.
