Durante años, expertos en tráfico, fabricantes y conductores debatieron sobre la sustitución de los triángulos de señalización por la baliza V16. Desde el pasado 1 de enero de 2026, este dispositivo luminoso es obligatorio para los vehículos matriculados en España en caso de avería o accidente. Su principal ventaja reside en su conexión con la plataforma DGT 3.0 de la Dirección General de Tráfico, que permite enviar la geolocalización en tiempo real y alertar al resto de usuarios a través de los sistemas de navegación.
Fin de la baliza V-16: Europa avisa a España y abre la puerta a su prohibición
La intención es clara: evitar que el conductor tenga que bajarse del vehículo, reduciendo así el riesgo de accidentes, especialmente en vías rápidas. Aunque los triángulos no quedan obsoletos y pueden colocarse adicionalmente, la V16 conectada es el elemento central del nuevo sistema. Cabe destacar que esta obligación solo afecta a los vehículos matriculados en España. Por ejemplo, si un coche alemán y uno español se quedan detenidos en la misma autopista, solo el español está legalmente obligado a utilizar la baliza V16.
La controversia en torno a la V16 no reside tanto en la medida en sí, sino en su tramitación. La eurodiputada Dolors Montserrat planteó la cuestión en Bruselas, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, confirmó que España no notificó los Reales Decretos pertinentes conforme al procedimiento establecido en la Directiva (UE) 2015/1535. Esta directiva exige a los Estados miembros que comuniquen previamente cualquier reglamento técnico que pueda afectar al mercado interior.
El problema principal es que imponer requisitos técnicos específicos a un dispositivo puede considerarse una restricción a la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. La Comisión Europea recuerda que, de confirmarse el incumplimiento, podría iniciar un procedimiento de infracción en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Si bien es improbable que la obligatoriedad de la V16 se derogue, la advertencia de la Comisión Europea abre la puerta a posibles revisiones jurídicas. Más allá de las preocupaciones de seguridad vial, el debate se ha ampliado a cuestiones comunitarias como la competencia, el mercado interior y el respeto a los procedimientos europeos. En este contexto, la situación se vuelve considerablemente más compleja.
