Un grupo de senadores de la ciudad de Nueva York han propuesto una enmienda que requeriría que los desarrolladores de videojuegos de realidad aumentada, como el conocido Pokémon GO, tuvieran que tener en cuenta a las residencias de los delincuentes sexuales a la hora de geolocalizar y mapear los lugares de interés en sus juegos.
Multas de hasta 100 dólares diarios a la desarrolladora
Aquellas empresas que no sean capaces de cumplir la futura ley, tendrían que pagar hasta 100 dólares por la localización que la infringiese como penalización. Un miembro del senado por el partido demócrata independiente, ha comentado que la citada enmienda se votará rápidamente para convertirse en toda una prioridad.
La propuesta de ley ha sido auspiciado por el senador Jeff Klein y apoyada por los senadores Diane Savino, Tony Avella, David Carlucci y David J. Valesky. El mismo grupo ha propuesto también una enmienda que busca incluso prohibir que delincuentes o agresores sexuales puedan jugar a este tipo de videojuegos, ya que lo consideran un riesgo potencial.
Una propuesta de ley respaldada por diversos estudios
Según una investigación realizada por SurveyMonkey, y de la que se hizo eco Forbes, alrededor del 22 por ciento de los jugadores de Pokémon GO serían menores de edad entre 13 y 17 años, siendo este uno de los motivos esgrimidos por los propios senadores para promover las leyes de protección descritas.
De hecho, Kein y Savino, senadores, habrían distribuido un completo informe, que mostraría que un 73% de los agresores sexuales de la ciudad residirían cerca de PokéParadas, Gimnasios o incluso puntos de alta afluencia de jugadores de Pokémon GO por la existencia de criaturas de gran valor para su captura. El informe también invita a los responsables de la vigilancia en la ciudad Nueva York a supervisar de cerca a este tipo de delincuentes en este tipo de circunstancias.
Tanto la oficina del gobernador, como los propios senadores, habrían enviado sendas cartas a Niantic, desarrolladora de Pokémon GO, pidiéndole la prohibición de uso del título a agresores condenados por la justicia, ya que, en palabras de los políticos, "estarían usando cebos para atraer niños a sus domicilios".
