La petición impulsada por la campaña Stop Killing Games, que exige medidas legales para evitar que los juegos online se vuelvan inaccesibles tras el cierre de sus servidores, ha sido debatida en el Parlamento del Reino Unido. Durante la sesión, varios diputados utilizaron el cierre repentino de Concord, el juego de Sony lanzado en agosto del año pasado y que apenas tuvo dos semanas de vida, como ejemplo de la necesidad de reforzar la protección al consumidor y la preservación del videojuego como bien cultural.
El diputado Ben Goldsborough, que encabezó el debate, recordó que la industria del videojuego aporta 7600 millones de libras y 75.000 empleos al país, subrayando que los jugadores "no solo invierten dinero, sino también tiempo, esfuerzo, imaginación y amistad. Cuando un juego se cierra sin aviso, esa inversión se pierde". Goldsborough pidió más apoyo institucional y alianzas de financiación para garantizar una biblioteca de títulos significativos que proteja el legado cultural británico.
De momento el Gobierno británico no va a realizar ningún cambio
Otro parlamentario señaló que Concord fue retirado tras un lanzamiento decepcionante, y aunque Sony reembolsó las compras, "esto no siempre sucede". Añadió que las empresas deben ser transparentes sobre la vida útil de los juegos y celebró la entrada en vigor de la Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024, que obliga a los vendedores a ofrecer información clara y precisa sobre la funcionalidad y durabilidad de los productos digitales. También se citaron como ejemplos los casos de The Crew y Anthem, cuyos servidores cerraron dejando inaccesibles los juegos.
El Gobierno británico, representado por la ministra Stephanie Peacock, reiteró que no planea modificar la legislación de consumo vigente, defendiendo que las normas actuales ya cubren estas situaciones. No obstante, el diputado laborista Mark Sewards advirtió que "las señales de alerta ya están aquí y actuar ahora sería mucho menos doloroso que esperar a que esta práctica se consolide".
La petición, titulada "Prohibir que las editoras desactiven de forma irrevocable los videojuegos que ya han vendido", acumuló casi 190.000 firmas antes de su cierre en julio. En su texto, solicita que se reconozca como derecho legal del consumidor la posibilidad de conservar o reparar los juegos adquiridos. Aunque el debate no ha alterado la postura del Gobierno, la campaña se prepara ahora para trasladar la discusión al Parlamento Europeo, donde espera que se debata próximamente una iniciativa ciudadana similar.
