Riot Games no forzará la cláusula de arbitraje externo obligatorio en detrimento del acceso a la justicia ordinaria para sus futuros empleados tras las amenazas de huelga de los trabajadores y la mala prensa que estaba generando esta situación.
Cláusulas mordaza impuestas en los contratos para evitar tener derecho a la justicia
Y es que la compañía quiere evitar a toda costa que se materialicen ante el juez las demandas por acoso laboral (al menos, cinco demandas diferentes) resultado de la serie de escándalos por acoso, sexismo y demás actitudes deplorables en el ámbito laboral de la empresa, una situación tan grave que forzó que se despidiera a un directivo y que se fichara a personal especializado en diversidad e igualdad.
La semana pasada supimos que Riot Games quiere forzar una cláusula que la empresa impone en sus contratos para que los trabajadores no tengan derecho a presentar demandas en caso de impagos, acoso, y demás problemas laborales.
Este tipo de cláusulas son legales en EE.UU., aunque están cada vez más en el punto de mira de las reclamaciones laborales de un país donde, por otro lado, el sindicalismo es mínimo en muchos sectores y está incluso penalizado por las empresas.
Cuando se hizo pública esta situación, la tensión en el personal de Riot Games fue creciendo hasta que se llegó a la amenaza de una huelga en todos los departamentos. Esto ha hecho que la directiva haya tenido que ceder ante los trabajadores y han prometido que van a descartar esta cláusula abusiva. Eso sí, no ahora: solo cuando se hayan cerrado las demandas abiertas en este momento. Y quizá no se dé esa opción a los actuales trabajadores.
Una mejora en las condiciones que fían a largo plazo y de forma restrictiva
"Cuando se cierren las actuales cuestiones legales daremos a los nuevos trabajadores la opción de descartar la cláusula de arbitraje forzoso para casos de acoso y abusos sexuales", han dicho desde la empresa. Por tanto, no parece que Riot Games vaya a cambiar la política para los empleados actuales, lo restringe solo a los casos de delitos de índole sexual más graves y no se sabe qué condiciones se impondrán a los trabajadores que deseen no aceptar esa cláusula ni si habrá posibles represalias.
Condicionar este cambio en las medidas al cierre de los procesos legales puede demorar la situación años y no garantiza en absoluto que la compañía vaya a actuar de buena fe con los actuales (ni potenciales futuros) demandantes por cuestiones de acoso laboral.
Por tanto, no resuelve el problema de quienes han denunciado la compañía y se enfrentan ahora a la imposición de cláusulas mordaza obligatorias si querían conseguir un puesto de empleo.
