Durante años, el sistema español de protección alimentaria se enfrentó a una anomalía jurídica difícil de justificar: existían mecanismos para otorgar el prestigioso sello de calidad a productos vinculados a un territorio, una tradición o un método de elaboración específico, pero no había una vía clara para retirarlo si dejaban de cumplir las condiciones establecidas.
En la práctica, una Denominación de Origen Protegida (DOP), una Indicación Geográfica Protegida (IGP) o una Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) podían conservar su reconocimiento incluso si sus estándares se deterioraban o su vínculo con el origen perdía consistencia con el tiempo. Esta situación ha cambiado radicalmente.
El Gobierno ya tiene la facultad de cancelar una Denominación de Origen, lo que supondrá un cambio significativo en el sector de la calidad alimentaria en 2026
El Gobierno ha reformulado el marco legal para introducir, por primera vez, un procedimiento específico que permita cancelar oficialmente estas figuras de calidad cuando ya no cumplan con los requisitos que justificaron su protección. Esta medida representa un endurecimiento sin precedentes en el control institucional sobre algunos de los sellos más valiosos de la industria agroalimentaria española, un sector que mueve miles de millones de euros y cuya reputación depende en gran medida de la confianza del consumidor.
La reforma surge de la necesidad de adaptar el sistema español de indicaciones geográficas al nuevo Reglamento (UE) 2024/1143, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Este reglamento busca aumentar la transparencia, agilizar los trámites y garantizar la autenticidad de estos distintivos, que en muchos casos representan décadas, e incluso siglos, de tradición productiva. Como una de las principales potencias agroalimentarias de Europa, España debía actualizar un sistema que se había quedado atrás frente a las nuevas exigencias comunitarias.
Hay que destacar que el cambio no se limita a la posibilidad de retirar una Denominación de Origen Protegida (DOP) o una Indicación Geográfica Protegida (IGP). El nuevo decreto reorganiza por completo la estructura administrativa relacionada con estas figuras de calidad. A partir de ahora, las modificaciones de los “pliegos de condiciones”, es decir, los documentos que establecen cómo debe elaborarse un producto para mantener su sello, se clasificarán en distintas categorías, desde modificaciones ordinarias, temporales o aquellas introducidas directamente por la Unión Europea.
Este cambio busca simplificar procesos que, hasta ahora, podían prolongarse indefinidamente entre trámites burocráticos. Básicamente, se enfatiza que detrás de una DOP o una IGP no solo hay marketing, pues existe una promesa de autenticidad, origen y calidad que Europa pretende proteger con mayor rigor que nunca.
