La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha anunciado una nueva victoria contra la piratería de videojuegos en España. A raíz de una denuncia presentada ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte, la asociación pidió hace tres año el cierre de Emudesc, una web que ofrecía ilícitamente enlaces de descarga a cientos de juegos sin autorización. Hoy, tres años después de la denuncia, la justicia les ha dado la razón.
Páginas que buscan sacar rédito comercial de la obra ajena
"En el servicio www.emudesc.com existen páginas estructuradas y específicamente dedicadas a las obras objeto de la solicitud, que contienen enlaces para su descarga, facilitando así la localización de dichas obras, sin autorización previa de los titulares de los derechos de propiedad intelectual correspondientes", informaban en abril de 2018 las juzgados de la Sección Segunda.
Ahora, tras varios meses de litigio, los Juzgados Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid , han autorizado el pasado 25 de junio la ejecución de las medidas propuestas por la resolución del 2 de agosto de 2018 fallada por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.
Esta sentencia busca salvaguardar de derechos de propiedad intelectual en internet, una orden que ordena a los operadores a bloquear el acceso a la web www.emudesc.com, así como a los buscadores la eliminación de sus enlaces en sus sistemas y resultados de búsqueda. Además de ello, se ordena también suspender los servicios de publicidad en dicha página web, motivo por el cual los dueños estaban haciendo dinero. Se trata de la segunda sentencia de gran calado que tenemos en España al respecto.
El caso de Emudesc ha sido particularmente seguido por medios, ya que ha sido durante años uno de los objetivos de las industrias culturales por el alto número de usuarios a los que daba acceso y el volumen de contenido que ofertaba. En la página, se encontraban juegos, contenidos descargables y cientos de elementos relacionados con videojuegos que se distribuían gratis y sin permiso de sus respectivos dueños y autores.
"Aunque el procedimiento haya tardado tres años en llegar a imponer las medidas, el auto finalmente hace justicia y manda un contundente mensaje a todos aquellos que vulneran el derecho a la propiedad intelectual de los desarrolladores y distribuidores de videojuegos", explicaba el director general de AEVI, José María Moreno.
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