Investigan a la empresa de Commandos por posible desvío de ayudas públicas

La Fiscalía Anticorrupción investiga el supuesto desvío de 10 millones de euros.
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Actualizado: 3:50 10/10/2020

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, y la Fiscalía Anticorrupción han puesto en marcha una operación anticorrupción contra una trama que, según la investigación, estaría encabezada por la empresa Zed Worldwide. Javier Pérez Dolset, fundador del Grupo Zed, ha sido acusado de desviar 10 millones de euros de ayudas públicas, y ha ingresado en prisión preventiva: el resto de acusados han sido puestos en libertad. La trama se habría basado en conseguir fondos públicos para desviar el dinero. Una subvención para desarrollar un nuevo título de la saga clásica Commandos, de Pyro Studios, ha hecho que este sea parte de la investigación.

Commandos ha sido parte de la investigación tras recibir una subvención en 2014

Según se ha señalado, el nuevo Commandos jamás llegó a entrar en desarrollo y fue usado para conseguir subvenciones públicas, como la recibida en 2014 (que implicaba que el proyecto en cuestión debía estar listo en 2016), pero la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial de España, que es parte de la Policía Nacional) sugiere en sus informes remitidos a la Fiscalía que podría ser parte de la trama.

En 2014 se confirmó que Pyro estaba preparando el regreso de su clásico Commandos con un título para móviles y tabletas. Aunque se consiguió la subvención antes mencionada, no hubo novedades sobre el juego durante bastante tiempo, si bien esto es algo habitual en la industria. En 2016 Pyro solicitó la retirada de una versión para navegadores del título fundacional de la saga. Y es que, según se ha sabido, estaban trabajando en un remake de dicho título.

El juego estuvo efectivamente en desarrollo, pero Ignacio Pérez Dolset (hermano de Javier Pérez Dolset, principal acusado) no estaba satisfecho con los resultados conseguidos. Según recoge El Confidencial, gracias a fuentes internas anónimas, "a Ignacio no le gustaba lo que veía y en una charla con algunos de los responsables les preguntó qué coño estaban haciendo con su juego. Cada vez que lo veía se indignaba". En algún momento se decidió abandonar el desarrollo para dispositivos móviles y apostar por una versión para PC que se vendería a través de Steam.

Puesto que el juego contó con una subvención de 948.000 euros (853.000 como préstamo blando al 0,5% a amortizar en cinco) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el proyecto no se terminó en el plazo indicado (2016), fue foco de la investigación por la UDEF, que ha concluido que no hay rastro del juego ni tampoco información sobre el mismo, por lo que se considera que puede ser parte de la trama investigada.

No podemos obviar que los proyectos cancelados son comunes en la industria del videojuego y que en otros países ha habido ya casos de juegos que han recibibo subvenciones públicas pero que no han llegado a buen término, como en el caso de Silicon Knights, malogrado estudio que contó con múltiples ayudas del gobierno de Canadá.

Parte de una trama mayor según la investigación de la UDEF

Se trataría, en cualquier caso, de una pequeña parte de la trama completa pues la subvención de 2014 fue inferior al millón de euros. El desarrollo del videojuego podría haber sido, por tanto, parte de las siete empresas de Pérez Dolset que recibieron ayudas públicas entre 2010 y 2016 que han formado parte de la trama de acuerdo a la investigación realizada.

El monto total de ayudas públicas recibidas asciende a 69,2 millones de euros entre subvenciones y créditos blandos repartidos entre las empresas de Pérez Dolset ZED Worldwide SA, Ilion Studios SA, Factory Holding Company SL (hoy U TAD Centro Digital SL), Pyro Studios SL, Alvento Soluciones SL, Play Wireless SL y Pyro Mobile SL.

Los detenidos fueron Javier Pérez Dolset, su hermano Ignacio Pérez, el abogado de Zed Daniel Arteaga, Juan Carlos Gonzálvez, Teófilo Redondo, José Manuel Sanchís Antolín, David Aitor Marrón Collados y José Antonio Puértolas. Todos ellos se han negado a declarar ante el magistrado que investiga la trama, conocida como Operación Hanta. Solo Javier Pérez Dolset está en prisión preventiva.

Un año de investigación

La investigación arrancó en agosto de 2016 y culminó con detenciones la práctica de 18 registros en las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona.

De acuerdo a la información de la UDEF remitida a los fiscales, se considera que los administradores de la firma tecnológica Zed incurrieron con la liquidación de la empresa en los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude y falsedad documental.

Anticorrupción considera que parte de las ayudas públicas fueron supustamente desviadas por Javier Pérez Dolset a cuentas propias con intenciones ajenas a los fines para los que se habían concedido las subvenciones.

Pérez Dolset alegó ante el juez estar arruinado y que todo su dinero se invirtió en las empresas. Los fiscales Carlos Yáñez y José Grinda han alegado que dispone de un patrimonio de 101 millones de dólares en Panamá.

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