En junio de 2026, la hostelería española se enfrenta a un momento decisivo. Lo que se veía como una transición gradual se convierte ahora en una obligación inminente. Para esa fecha, los bares, cafeterías y restaurantes deben haber adaptado sus sistemas de ventilación y extracción de humos a la nueva normativa de seguridad, salubridad y prevención de incendios.
Este cambio responde a una actualización coordinada de diversas normativas estatales, municipales y europeas, con el objetivo de modernizar las instalaciones en espacios públicos y reducir los riesgos en cocinas profesionales. Aunque las bases legales se aprobaron a finales de 2024, el verdadero punto de inflexión llega ahora. La moratoria de 18 meses para pequeños y medianos establecimientos finaliza, dando paso a un escenario de inspecciones activas y, por primera vez, plenamente sancionadoras.
Bares y restaurantes de España deberán modificar sus sistemas de ventilación y extracción de humos, según una normativa reciente
A partir de este momento, ayuntamientos y servicios de Salud Pública podrán ejercer su control con total capacidad. Su objetivo es garantizar que los locales cumplan con los nuevos estándares más estrictos en ventilación, evacuación de humos y prevención de incendios, en un contexto de mayor exigencia técnica para el sector.
El cambio se implementa a través de varias normativas. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) exige una mayor calidad del aire en cocinas profesionales, mientras que el Código Técnico de la Edificación refuerza las obligaciones en salubridad y seguridad contra incendios. A esto se suman las ordenanzas municipales, que regulan aspectos como el ruido, la evacuación de gases y la altura de las salidas de extracción.
El objetivo principal de estas reformas es sustituir los sistemas obsoletos que solo expulsaban humo por instalaciones que filtran grasas y partículas, reduciendo así el riesgo de incendios. Un aspecto crucial de estas reformas afecta a las campanas extractoras, que ahora deben incorporar sistemas de filtrado capaces de retener al menos el 95% de las grasas y partículas pesadas.
Esto implica la sustitución de los equipos convencionales por soluciones de alta eficiencia que utilicen carbono activo u otras tecnologías avanzadas. Los conductos de extracción también se ven afectados por estas nuevas normativas. Deben incluir trampillas de registro cada tres metros y en los cambios de dirección más relevantes, lo que facilita la limpieza interior, ya que la acumulación de grasa representa un grave riesgo de incendio en las cocinas industriales.
Además, cuando estos conductos atraviesen patios interiores o zonas comunes, deben estar protegidos con aislamiento ignífugo homologado EI30 o EI60, para evitar la propagación del fuego a viviendas o locales colindantes. Los sistemas mecánicos de extracción también se revisan en profundidad. Los motores deben estar certificados bajo el estándar F400 90, lo que garantiza su funcionamiento durante al menos 90 minutos a temperaturas de hasta 400 grados en caso de incendio.
Para asegurar una aportación constante de aire limpio desde el exterior, los establecimientos deben instalar sistemas de ventilación mecánica que estabilicen los niveles de CO₂ en el interior, mejorando así la calidad del aire para trabajadores y clientes.
El impacto económico de estas reformas variará en función del estado de cada local, pudiendo requerir la sustitución de motores, filtros o tramos completos de extracción. Si bien no siempre implicará obras de gran envergadura, sí supone una actualización técnica obligatoria. Algunas comunidades autónomas ya ofrecen líneas de ayuda pública que cubren hasta el 40% del coste de estas reformas, especialmente en lo que respecta a la eficiencia energética y la seguridad.
La nueva regulación no se limita a la instalación de equipos. Exige la contratación de empresas mantenedoras homologadas para certificar la limpieza técnica de los conductos cada seis meses. Esta certificación se incluirá en el libro de mantenimiento, al que los inspectores tendrán acceso durante cualquier revisión.
El incumplimiento de estas normativas conlleva sanciones importantes. Las infracciones graves, como la omisión de las revisiones obligatorias o el mantenimiento de sistemas obsoletos, pueden resultar en multas de entre 6000 y 15.000 euros, e incluso en el cierre temporal del establecimiento. En los casos más graves, operar sin salida de humos homologada o generar un riesgo evidente de incendio puede acarrear multas de hasta 50.000 euros, el cierre definitivo del local y la pérdida de la licencia de actividad.
