En España, la presencia de ascensores antiguos en edificios residenciales ha pasado de ser una simple cuestión de comodidad o estética a convertirse en un problema económico de gran importancia. La entrada en vigor del Real Decreto 355/2024 marca un punto de inflexión en la gestión de estas instalaciones, al imponer una serie de exigencias técnicas que obligarán a muchas comunidades de vecinos a realizar reformas importantes.
La norma busca reducir riesgos, modernizar los sistemas de elevación y adaptarlos a los estándares de seguridad actuales. El impacto real se refleja directamente en el bolsillo de los propietarios. La nueva Instrucción Técnica Complementaria establece que cualquier ascensor considerado obsoleto deberá ser actualizado o sustituido tras pasar la inspección periódica obligatoria.
La nueva ley de ascensores, que ya está en vigor, exige a las comunidades de vecinos reformas obligatorias que pueden alcanzar los 40.000 euros
El coste de estas intervenciones varía enormemente en función del estado del edificio. En los casos más leves, donde solo sea necesario incorporar mejoras básicas como sistemas digitales o ajustes de seguridad, la factura puede situarse entre los 800 y los 1000 euros por comunidad. Pero el escenario cambia radicalmente en fincas antiguas con maquinaria desgastada o estructuras deficientes, donde las reformas arrancan en torno a los 16.000 euros y pueden alcanzar los 40.000 si es necesaria una sustitución completa.
La ley es contundente: al tratarse de obras obligatorias por seguridad, no existe posibilidad de rechazo por parte de los vecinos. El coste se reparte mediante derramas según el coeficiente de participación de cada vivienda, algo habitual en este tipo de procesos.
En paralelo, la normativa redefine cómo deben ser los ascensores modernos de cara a una mayor seguridad y comodidad para los vecinos conforme a la legislación. Es decir, hablamos de paradas milimétricas calculadas para cada piso, sistemas de detección en puertas, comunicación directa con emergencias en caso de avería y control inteligente de carga. Todo ello acompañado de la sustitución de componentes obsoletos por estructuras de acero de alta resistencia. Una modernización inevitable que, más allá del discurso técnico, abre un nuevo frente económico en miles de comunidades de toda España.
