El 17 de enero de 1966, una pequeña localidad pesquera en la costa almeriense se convirtió en escenario de uno de los mayores accidentes nucleares de la Guerra Fría. En Palomares, pedanía del municipio de Cuevas del Almanzora, dos aeronaves militares estadounidenses —un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135— colisionaron en pleno vuelo durante una maniobra de repostaje.
El impacto provocó la caída de cuatro bombas termonucleares Mark 28 sobre suelo español. A pesar de que no detonaron nuclearmente, dos de ellas liberaron plutonio radiactivo en la zona. La gravedad del suceso fue tal que aún hoy se considera el mayor accidente nuclear ocurrido en territorio español.
Las autoridades actuaron rápido pero tras el velo de la censura y el secretismo
La respuesta de las autoridades fue rápida, pero también opaca. Estados Unidos envió de inmediato a militares y técnicos para iniciar la limpieza del terreno, mientras el régimen franquista, en plena búsqueda de reconocimiento internacional, optó por minimizar el incidente. El entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, se bañó en la costa de Palomares junto al embajador estadounidense para demostrar que no existía peligro alguno. La imagen recorrió el mundo, pero detrás del espectáculo mediático se ocultaba una realidad inquietante: cientos de metros cúbicos de tierra contaminada fueron enterrados o trasladados a Estados Unidos, y varias hectáreas quedaron afectadas por radiación.
Según informes desclasificados años más tarde, el nivel de plutonio dispersado por las bombas fue lo suficientemente elevado como para requerir una operación de descontaminación de emergencia. El gobierno estadounidense realizó análisis y retiró hasta 1.400 toneladas de suelo contaminado. Aun así, estudios posteriores revelaron que el plutonio no desapareció por completo. Algunos fragmentos de las bombas permanecieron enterrados en el terreno, y se estableció un sistema de vigilancia radiológica que persiste hasta nuestros días. La población local, sin embargo, nunca fue informada con claridad del alcance del incidente.
España y Estados Unidos hicieron como si nada hubiese ocurrido
Durante décadas, tanto el gobierno español como el estadounidense mantuvieron un silencio tácito sobre las consecuencias reales. Palomares se convirtió en un tema incómodo, una especie de secreto compartido entre dos aliados estratégicos. La opacidad fue tal que no fue hasta los años 90 cuando comenzaron a emerger datos más precisos sobre la magnitud de la contaminación. Un estudio publicado en Health Physics (2006) indicaba que ciertas zonas de Palomares presentaban niveles anormales de radiación décadas después del accidente. La situación forzó incluso la elaboración de mapas detallados de radiación en el área por parte del CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).
El caso Palomares no alcanzó la notoriedad internacional de Chernóbil o Fukushima, pero sus consecuencias medioambientales y políticas fueron profundas. Además del impacto ecológico, el incidente demostró hasta qué punto el franquismo subordinaba la seguridad nacional a las relaciones diplomáticas con EE.UU. En plena Guerra Fría, España ofrecía bases militares a cambio de protección, y lo último que el régimen de Franco quería era un escándalo que pudiera entorpecer esa alianza. Por ello, se apostó por el silencio, la propaganda y una falsa apariencia de normalidad.
Hoy, casi 60 años después, la sombra de Palomares sigue presente. Las tierras contaminadas no han sido completamente rehabilitadas y las promesas de una limpieza definitiva se han ido aplazando legislatura tras legislatura. En 2015, España y EE.UU. firmaron un acuerdo para retirar de forma definitiva la tierra afectada, pero la operación nunca se llevó a cabo por completo. Así, Palomares no solo recuerda un accidente nuclear, sino también un caso paradigmático de desinformación institucional y olvido deliberado. Una catástrofe que, pese a su magnitud, fue silenciada por quienes preferían mirar hacia otro lado.
