Tres constructores, un arquitecto municipal y un exalcalde del municipio de Llíber, a las afueras de Alicante, han sido declarados culpables de fraude y prevaricación, según la sentencia dictada la semana pasada. La resolución pone fin a más de 20 años de lucha judicial emprendida por decenas de compradores británicos afectados por la venta ilegal de terrenos protegidos a comienzos del siglo XXI.
Adrian Hobbs, empresario jubilado de 67 años originario de Southampton, fue uno de los damnificados. En 2001, junto a otros compradores británicos interesados en residir en la Costa Blanca, recibió una oferta que parecía atractiva: viviendas recién levantadas en Llíber sobre un terreno calificado como “rústico”. Hobbs relató a The Paper que esta condición legal del suelo nunca se mencionó al cerrar el contrato, pese a que suponía una prohibición absoluta para urbanizar. Había comenzado una pesadilla.
“Como una mafia”: británicos estafados medio millón de euros en viviendas de Alicante
Hobbs pagó 500.000 euros por su casa, sin saber que la legislación vigente -el artículo 23 de la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana- impedía construir sobre zonas rústicas cualquier proyecto con fines urbanos. Así, las viviendas levantadas en 2001 eran ilegales desde el inicio.
La estafa, que comenzó en 1999 y se extendió hasta 2003 en pleno auge inmobiliario español, dejó a unas 500 familias británicas atrapadas en contratos fraudulentos. En 2005, los afectados comenzaron a presentar demandas. Entre ellos, June Mason, de 73 años y residente en Solihull, compró una casa junto a su difunto esposo John en 2002 por 250.000 euros. Al descubrir la ilegalidad, se vio obligada a venderla por 375.000 euros, muy por debajo del valor real del inmueble.
Hobbs lideró una campaña para visibilizar la estafa y recuerda con pesar a los 40 compañeros que fallecieron desde que comenzaron los procedimientos judiciales. La venta irregular y los permisos otorgados sin control afectaron a toda una comunidad, forzando a muchos a abandonar sus viviendas.
El tribunal de Alicante condenó a Amador Signes Arabí, arquitecto municipal, y a los constructores Miguel Muntaner Alomar, Peter Antonius Schmidt y Trevor John Henry Bourne, todos ellos implicados en la venta ilegal, por fraude. El exalcalde José Mas fue hallado culpable de prevaricación por aprobar la construcción consciente de la ilegalidad.
La sentencia impuso multas y sanciones suspendidas, así como una indemnización de 3,5 millones de euros a los compradores británicos. Los tres constructores y el arquitecto recibieron penas de dos años de prisión, suspendidas al carecer de antecedentes penales, mientras que Mas fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante tres años y multado con 1800 euros.
