El auge de los pagos digitales en España, impulsado por la comodidad del móvil y el éxito de plataformas como Bizum, ha llevado al Gobierno a actualizar la normativa fiscal a la era digital. Desde el 1 de enero de 2026, los bancos ya no solo reportarán movimientos superiores a 3000 euros, sino que deberán informar a la Agencia Tributaria sobre patrones de pago y el volumen anual, incluyendo transferencias realizadas por Bizum o aplicaciones móviles.
Hacienda pone la mira en Bizum: desde enero controlará ingresos y posibles actividades económicas ocultas
El histórico límite de 3000 euros desaparece. Hasta ahora, cualquier movimiento que superase esa cifra obligaba a las entidades a avisar a Hacienda. Con el nuevo Real Decreto 253/2025, el criterio cambia: no importa cuánto pagues, sino cómo y con qué frecuencia. Pagos recurrentes, aunque sean modestos, podrían entrar en los informes periódicos que los bancos remiten al fisco.
Esto no significa que Hacienda vaya a controlar cada Bizum de 20 o 50 euros, pero sí se elimina la barrera automática que dejaba muchas operaciones fuera del radar. Las transferencias entre particulares, antes vistas como informales, ahora forman parte del circuito oficial: cualquier abono o cargo en apps externas, tarjetas virtuales o cuentas asociadas a móviles queda registrado.
Para el usuario corriente, enviar dinero a amigos o familiares sigue siendo seguro y sin consecuencias. El cambio clave llega cuando los pagos son continuos, elevados o sistemáticos, ya que podrían indicar actividad económica no declarada o donaciones encubiertas. Poner a un hijo como beneficiario de una cuenta no supone automáticamente una donación, pero cualquier ingreso recurrente que no se justifique puede llamar la atención de Hacienda.
El objetivo de la normativa es claro: detectar ingresos regulares que se camuflan como pagos personales, desde alquileres y clases particulares hasta ventas periódicas. La fiscalización se centra en la repetición y el patrón, no en el gesto puntual de ayudar a un amigo o familiar. En esencia, se refuerza el control sobre el flujo digital de dinero, adaptando la fiscalidad al siglo XXI sin criminalizar la vida cotidiana.
