La declaración de la renta es, para muchos contribuyentes, un trámite que termina en cuanto se presenta el borrador. Pero Hacienda no funciona así: la Agencia Tributaria dispone de cuatro años para revisar cada declaración y, según recuerda el exfuncionario Emilio Baena, hoy ese control ya no depende solo de un inspector humano. “Ya no hace falta que un inspector te revise. Lo hace un algoritmo 24/7”, resume en su perfil de LinkedIn, donde explica cómo han cambiado por dentro las tripas del sistema.
Baena, que trabajó más de una década en la Agencia Tributaria y ahora ejerce como mentor en fiscalidad, explica que el modelo de comprobación se ha apoyado de lleno en el big data y la inteligencia artificial. Ya no se trata de revisar expedientes uno a uno, sino de cruzar millones de datos en tiempo real: movimientos bancarios, declaraciones de empresas, registros internacionales o información de plataformas digitales. Con todo ello, cada contribuyente —persona física o empresa— tiene asociado un “perfil de riesgo”, una puntuación dinámica que se va actualizando según el comportamiento fiscal de cada uno.
Las seis señales que disparan las alarmas
Desde esa experiencia, Baena condensa en seis grandes señales los comportamientos que más probabilidades tienen de activar las alarmas. La primera es casi de manual: gastos que no encajan con los ingresos declarados, ya sea por un nivel de vida que no se sostiene a ojos de Hacienda o por deducciones que no están suficientemente respaldadas. La segunda tiene que ver con los movimientos de dinero entre cuentas sin justificación clara, especialmente cuando se detectan patrones extraños o recurrentes. La tercera, cada vez más relevante, son las operaciones internacionales opacas y el uso de criptomonedas sin declarar.
A esa tríada se suman otros tres factores que el algoritmo no pasa por alto. Por un lado, el uso excesivo de efectivo o la aparición de facturas con patrones anómalos, un terreno clásico para el fraude. Por otro, la presencia del contribuyente en registros internacionales de sociedades, estructuras difíciles de rastrear o entramados societarios poco transparentes. Finalmente, las incongruencias entre lo que la persona declara y lo que reportan bancos, plataformas digitales u otras entidades: si los datos no cuadran, el sistema marca el expediente para revisión.
Transparencia como mejor defensa
El exfuncionario insiste en que el mensaje no es solo “cumplir la ley”, sino también “parecerlo”. En la práctica, eso significa que la estrategia fiscal ya no puede improvisarse: tener documentación ordenada, justificar los movimientos de dinero y evitar decisiones precipitadas se convierte en una especie de “seguro” frente a esos algoritmos que no se cansan ni se distraen. En un entorno donde la supervisión es constante, cualquier incoherencia puede bastar para que un expediente pase de rutinario a sospechoso.
