La lucha contra la deforestación sigue siendo una de las grandes prioridades medioambientales de la Unión Europea, pero Bruselas quiere que las nuevas obligaciones sean más sencillas de aplicar para empresas y administraciones.
Con ese objetivo, la Comisión Europea ha presentado una serie de modificaciones en el reglamento comunitario destinado a impedir la comercialización de productos vinculados a la destrucción de bosques, introduciendo cambios tanto en el listado de mercancías afectadas como en los mecanismos de aplicación de la norma. Esto va más allá
En 2026, el café soluble y el cacao experimentarán cambios permanentes en su calidad alimentaria
Entre las novedades más destacadas figura la retirada del cuero de los productos sometidos a control, mientras que se amplía el alcance de la legislación para incluir determinados derivados que hasta ahora quedaban fuera del marco regulatorio, como el café soluble y algunos productos procedentes del aceite de palma. Según explican fuentes comunitarias, estos ajustes pretenden aclarar el funcionamiento de la normativa y facilitar su puesta en marcha antes de que entre plenamente en vigor.
La revisión coincide además con adaptaciones que ya se están produciendo en España, donde alimentos de enorme peso en el consumo y la exportación, como las aceitunas o productos cárnicos emblemáticos como el jamón, también deberán adaptarse a nuevas exigencias relacionadas con su comercialización y trazabilidad.
La Comisión recuerda que la principal causa de la pérdida de superficie forestal en el planeta sigue siendo la expansión de terrenos agrícolas destinados a la producción de materias primas. Entre ellas destacan el ganado, la madera, el cacao, la soja, el aceite de palma, el café, el caucho y numerosos productos derivados.
Por ello, el nuevo reglamento obligará a las empresas que quieran introducir estos bienes en el mercado europeo a demostrar, mediante sistemas de seguimiento y geolocalización, que su origen no está asociado a procesos de deforestación ni al deterioro de ecosistemas forestales.
En la práctica, Bruselas busca ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a las compañías como a los Estados miembros y a los países exportadores, evitando incertidumbres sobre la interpretación de la normativa. La Comisión sostiene que las modificaciones permitirán reducir de forma drástica la burocracia asociada al cumplimiento de la ley, con un recorte estimado de los costes administrativos cercano al 75 % en comparación con la versión inicial del reglamento.
Paralelamente, el Ejecutivo comunitario continúa desarrollando el sistema digital que utilizarán las empresas para declarar y verificar el origen de sus productos. El objetivo es simplificar los trámites, agilizar los controles y mejorar la eficiencia del proceso.
El borrador con todas estas modificaciones permanecerá abierto a consulta pública hasta el próximo 1 de junio, un paso previo a su aprobación definitiva. Si el calendario previsto se mantiene sin cambios, la nueva regulación comenzará a aplicarse antes de que termine el año.
