Donald Trump puso su firma el pasado miércoles 11 de diciembre en una orden ejecutiva que elimina el poder de los estados para regular la inteligencia artificial en sus territorios. El documento crea un marco nacional único que anula las más de 1.000 propuestas legislativas que los estados presentaron durante el último año. David Sacks, su máximo responsable de IA, estuvo presente en la ceremonia del Despacho Oval donde Trump justificó que Estados Unidos necesita un solo estándar federal en lugar de 50 regulaciones diferentes que frenan a las empresas tecnológicas.
La orden ejecutiva usa dos herramientas para presionar a los estados. Ordena al Departamento de Justicia crear un Equipo de Litigio sobre IA cuyo único trabajo será demandar a los estados con leyes consideradas excesivas. También condiciona los fondos federales de banda ancha BEAD a que los estados firmen acuerdos para no aplicar sus propias leyes de IA. El texto critica específicamente la ley de Colorado de 2024 sobre la discriminación algorítmica, argumentando que obliga a los modelos a dar respuestas incorrectas para evitar tratar de forma diferente a ciertos grupos protegidos.
Sam Altman, el jefe de OpenAI, llevaba meses defendiendo que navegar por 50 regulaciones distintas ralentiza la innovación y perjudica la competencia con China. Sacks aclaró que la administración no atacará todas las leyes estatales, especialmente las de seguridad infantil, pero sí las que consideren demasiado restrictivas. El objetivo es conseguir que el Congreso apruebe una legislación federal que anule definitivamente las normativas de los estados.
California y Nueva York prometen defender sus leyes en los tribunales tras rechazar la orden de Trump
Gavin Newsom, gobernador de California, respondió acusando a Trump de proteger sus intereses personales en lugar de defender a los ciudadanos. Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, dijo que su estado aprobó unas protecciones garantistas para niños y trabajadores que no permitirá que se eliminen. Los expertos legales anticipan la llegada de demandas de varios estados argumentando que solo el Congreso puede anular las leyes estatales, no el presidente mediante un decreto.
Los defensores de la orden argumentan que un estándar nacional permite a las startups competir contra China. Los críticos sostienen que, sin regulaciones estatales, las empresas tecnológicas operarán sin restricciones en áreas como protección al consumidor y los derechos civiles. La confrontación legal podría durar años en los tribunales federales.
