Europa lleva años endureciendo sus políticas migratorias. Lo que empezó como un refuerzo de los controles fronterizos ha derivado en reformas legislativas cada vez más restrictivas, impulsadas en gran medida por el auge de los discursos antiinmigración y el crecimiento electoral de partidos nacionalistas y de extrema derecha. Incluso gobiernos de corte centrista y progresista han adoptado parte de este giro en los últimos años.
Mientras España avanza con la regularización extraordinaria de cientos de miles de migrantes, otros países europeos van en la dirección opuesta. Un ejemplo destacado es el Reino Unido, donde el Ejecutivo laborista de Keir Starmer ha ampliado una controvertida ley que permite retirar la ciudadanía británica incluso a personas nacidas en el país o que la obtuvieron por naturalización.
El Reino Unido ha tomado una decisión significativa que podría afectar a millones de ciudadanos británicos, al anunciar que la revocación de la ciudadanía puede llevarse a cabo sin previo aviso
Según el informe The Citizenship Divide, esta normativa podría afectar potencialmente a cerca de nueve millones de ciudadanos británicos, al otorgar al Ministerio del Interior amplias facultades para privar de la nacionalidad a ciertos individuos. La ley permite al Ministerio del Interior retirar la ciudadanía cuando considere que se trata del “bien público”. El informe cuestiona este criterio por su amplitud y falta de precisión, argumentando que deja la decisión prácticamente a discreción del Gobierno.
La consecuencia más inmediata de la pérdida de la ciudadanía británica es la pérdida del pasaporte. En algunos casos, esta decisión puede incluso dejar a una persona sin ninguna nacionalidad, una situación conocida como apatridia que el derecho internacional busca evitar.
Aunque esta herramienta legal existe desde 1914, apenas se utilizó durante gran parte del siglo XX. Su aplicación comenzó a aumentar significativamente a partir de la primera década del siglo XXI, coincidiendo con el endurecimiento de las políticas de seguridad y migración.
Los autores de The Citizenship Divide argumentan que una medida concebida para circunstancias excepcionales se ha empleado con mucha mayor frecuencia. Desde 2011, más de 200 personas han perdido la ciudadanía británica mediante este procedimiento. Uno de los cambios más importantes se produjo en 2014, cuando el Gobierno amplió la posibilidad de retirar la nacionalidad también a ciudadanos naturalizados, siempre que se cumplieran determinados requisitos legales.
Las modificaciones propuestas ahora por el Ejecutivo laborista van un paso más allá. Entre otras cuestiones, permiten retrasar o evitar la notificación a la persona afectada cuando existan determinadas circunstancias y limitan la posibilidad de conservar el pasaporte mientras se recurre la decisión ante los tribunales.
El informe sostiene que esta legislación no afecta por igual a toda la población. Sus autores denuncian que el sistema perjudica especialmente a ciudadanos pertenecientes a minorías étnicas con vínculos familiares o de ascendencia con otros países, creando en la práctica un “doble sistema de ciudadanía” en función del origen de cada persona.
Los datos recopilados indican que hasta el 62 % de los británicos negros y el 60 % de los británicos de origen asiático podrían verse potencialmente afectados por esta normativa. En conjunto, las personas de color tendrían doce veces más probabilidades de enfrentarse a la pérdida de su ciudadanía que el resto de la población.
Según los responsables del estudio, esta evolución pone de manifiesto hasta qué punto el endurecimiento de las políticas migratorias en Europa ha llegado a afectar incluso a ciudadanos plenamente integrados y con nacionalidad británica. Esto ha reabierto el debate sobre los límites del poder del Estado para privar a una persona de uno de sus derechos fundamentales.
