Los pinos son los árboles más rápidos en conquistar montes. En España, los bosques de Galicia, Asturias y Cataluña demuestran su capacidad de expansión. Plantados para reforestar y proteger suelos, se han convertido en protagonistas de debates ambientales debido a su alto consumo de agua y su impacto en la biodiversidad local. Sin embargo, este problema no se limita a España; en Nueva Zelanda, la situación ha alcanzado niveles casi épicos.
Nueva Zelanda y su error de 1960: plantar pinos que lo cambiaron todo para mal
Cumplen a la perfección su función de reforestar, quizá demasiado bien. Sus semillas, provistas de pequeñas alas membranosas, pueden viajar kilómetros con el viento, escapando de los límites de las plantaciones originales. En Nueva Zelanda, estas “coníferas silvestres” o “wilding conifers” se han convertido en un problema de alcance nacional.
El fenómeno es simple: los pinos sembrados en plantaciones gestionadas se escapan de su control y colonizan áreas abiertas. Según el Ministerio de Industria Primaria, ya hay más de dos millones de hectáreas afectadas. Antes de que se establecieran programas de control, la expansión llegaba a unas 90.000 hectáreas por año.
El impacto es múltiple y preocupante. Los pinos consumen enormes cantidades de agua; su dosel intercepta la lluvia antes de que llegue al suelo, reduciendo acuíferos y disminuyendo el caudal de ríos y embalses, con pérdidas estimadas de hasta un 40%. Esto afecta, entre otras cosas, a la producción de electricidad en centrales hidroeléctricas. Además, desplazan la vegetación nativa, amenazando la biodiversidad en uno de los países con mayor riqueza ecológica del planeta. La expansión descontrolada también limita la superficie agrícola y aumenta el riesgo de incendios.
El origen del problema se remonta a programas estatales de los años 60 y 70. El gobierno plantó masivamente especies como Pinus radiata y Pseudotsuga menziesii para reforestar, frenar la deforestación y proteger tierras altas. Incluso reconocieron en 2023 que habían esparcido semillas por vía aérea, sin prever que estas especies se convertirían en invasoras perfectas: resistentes, productivas y de crecimiento rápido.
Mantener a raya a estos pinos salvajes ha resultado costoso y complicado. Nueva Zelanda lleva más de una década gastando casi 200 millones de dólares y, pese a estrategias de contención aprobadas en 2015, la falta de financiación consistente limita los avances. Las zonas controladas son rápidamente recolonizadas, y tanto el estado como la industria maderera y energética se ven implicados en la búsqueda de soluciones, mientras el primer ministro negocia posibles medidas y gravámenes para hacer frente a esta crisis ambiental.
