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Entra en vigor: el Ministerio de Trabajo prepara un cambio que obliga a las empresas a pagar todas las horas extra desde 2026

El nuevo control horario entierra el papel y da a los inspectores el poder de destapar cualquier hora extra no pagada ocultada por las empresas.
Entra en vigor: el Ministerio de Trabajo prepara un cambio que obliga a las empresas a pagar todas las horas extra desde 2026
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Actualizado: 10:01 15/4/2026
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Para combatir los 2,5 millones de horas extra no remuneradas que se trabajan semanalmente en España, el Ministerio de Trabajo planea implementar un registro de jornada digital a partir de 2026. Este sistema en tiempo real permitirá a la Inspección del Trabajo verificar instantáneamente si las empresas están compensando adecuadamente las horas trabajadas por sus empleados.

Anteriormente, muchas empresas utilizaban hojas de papel para registrar las entradas y salidas, un método que, según la ministra Yolanda Díaz, no solo es obsoleto, sino que también ha facilitado la manipulación de los registros horarios durante años. Esto, a partir de ahora, cambiará.

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El Ministerio de Trabajo está preparando un cambio que obligará a las empresas a pagar todas las horas extra desde 2026

El nuevo sistema elimina por completo este método tradicional. El control será completamente digital, lo completará directamente el trabajador para garantizar su fiabilidad y se registrará al instante. Esto permitirá a un inspector acceder al sistema y comprobar en segundos si se están realizando horas extra sin compensación.

La irregularidad en el pago de las horas extra afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Según datos del Ministerio, más de la mitad de las mujeres que trabajan horas extra no reciben ninguna compensación económica. Esta situación es especialmente prevalente en sectores como el comercio, la hostelería y los cuidados.


El nuevo sistema busca descubrir cualquier fraude en un marco legal que establece un máximo de 80 horas extra anuales

La medida ha generado cierta resistencia en el sector empresarial debido a los costes de adaptación, así como tensiones dentro del propio Gobierno. Desde Trabajo se acusa a Economía de alinearse con las empresas incumplidoras, mientras que Díaz ha afirmado que el acuerdo con Pedro Sánchez sigue adelante sin cambios.

El nuevo sistema busca descubrir cualquier fraude en un marco legal que establece un máximo de 80 horas extra anuales, siempre voluntarias y remuneradas. Las empresas que incumplan la normativa se enfrentan a sanciones de hasta 225.000 euros y a la pérdida automática del acceso a contratos públicos y subvenciones.

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