El sistema estatal de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE) será una realidad a finales de abril, tras la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la norma que lo regula.
El texto recoge el Real Decreto 262/2026, que da luz verde a los nuevos Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), concebidos para facilitar el acceso al empleo público de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. La medida se integra dentro de una estrategia más amplia orientada a reforzar la inclusión social y garantizar la igualdad de oportunidades.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado la entrada en vigor del primer sistema oficial de certificación de Lengua de Signos Española
La norma establece que el sistema entrará en funcionamiento veinte días después de su publicación, por lo que su puesta en marcha efectiva se producirá a finales de este mismo mes. Tal y como detalla el BOE, esta regulación desarrolla la Ley 27/2007, que reconoce oficialmente las lenguas de signos españolas y fija el marco para su uso. Además, refuerza el papel del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, encargado de velar por su correcta utilización y desarrollo.
El decreto fue aprobado el pasado 7 de abril por el Consejo de Ministros. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, se subrayó que el objetivo es certificar de forma oficial el nivel de competencia en LSE. Para ello, se articula un sistema homologable al de los Diplomas de Español como Lengua Extranjera, con seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
Hasta ahora, España carecía de un sistema estatal con validez en todo el territorio, tal y como recordaron desde Derechos Sociales. Con este nuevo modelo, cualquier persona, ya sea sorda, sordociega u oyente, podrá obtener una acreditación oficial válida tanto para oposiciones como para su reconocimiento en ámbitos profesionales, académicos o personales, independientemente de la edad.
La organización de las pruebas correrá a cargo del Real Patronato sobre Discapacidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, que asumirá tanto la gestión administrativa como económica. La supervisión académica recaerá en el Centro de Normalización Lingüística, mientras que los diplomas se expedirán en nombre del ministerio competente en materia educativa. Además, se prevé la firma de convenios con otras entidades para la realización de los exámenes. Las pruebas seguirán criterios europeos de evaluación de lenguas de signos, con el objetivo de asegurar su objetividad, fiabilidad y accesibilidad.
