El mercado laboral español atraviesa una metamorfosis silenciosa pero contundente. Según el último informe “Estado del Malestar: El giro laboral hacia el sector público”, elaborado por OpositaTest, el 70% de los trabajadores cambiaría su empleo estable en el sector privado por una plaza fija en la administración pública.
El dato, extraído de 2.000 entrevistas representativas, refleja una creciente desafección hacia un sector privado percibido como precario, volátil y difícil de conciliar con la vida personal.
Detrás de esta preferencia por el empleo público se esconden razones estructurales que no han hecho sino agravarse con el tiempo: condiciones salariales más bajas, contratos temporales, horas extra no remuneradas y una cultura laboral cada vez más exigente y menos flexible.
Casi la mitad lo harían por el salario
De hecho, un 44% de los encuestados cita el salario como la principal motivación para opositar, y no es para menos: el Banco de España estima que el sueldo medio del sector público supera en casi un 25% al del privado, una brecha que triplica la media europea.
Pero no es solo cuestión de dinero. La estabilidad y la conciliación se han convertido en valores refugio en un contexto donde la incertidumbre económica —especialmente para los menores de 35 años— hace difícil pensar en independencia o en formar una familia. El 89% de los encuestados considera que el sector público ofrece mejores medidas de conciliación. Y el 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años ve en una plaza pública la única vía posible para emanciparse con garantías.
Además, el fenómeno no es homogéneo en todo el país. En regiones como el País Vasco y Murcia, la fuga hacia el empleo público es aún más pronunciada, con casi un 80% dispuesto a dar el salto. Mientras, en Madrid, el porcentaje desciende al 57%, una diferencia que pone de manifiesto cómo la percepción del trabajo estable depende también del ecosistema económico local.
Con la previsión de que 100.000 funcionarios se jubilen anualmente en la próxima década, las administraciones aceleran la convocatoria de plazas. Pero si las empresas no reaccionan con mejoras reales en estabilidad, salario y conciliación, corren el riesgo de perder su cantera de talento en favor de un Estado que —al menos sobre el papel— promete lo que el mercado no ha sabido ofrecer.
