En buena parte del cinturón agrícola de Estados Unidos, el problema del agua ya no se cuenta solo en términos de sequía o inundaciones, sino de qué arrastra el deshielo. Tras años de alertas por nitratos, floraciones de algas y pozos privados que no pasan un análisis, varios estados están aplicando una medida que hace una década habría sonado impensable en plena economía rural: cerrar el grifo del abonado orgánico en invierno. No es una cruzada contra el estiércol —un recurso valioso para fertilizar suelos—, sino un intento de frenar el momento del año en el que la física juega en contra: suelo helado, nieve acumulada y una “lavadora” de escorrentía cuando suben las temperaturas.
La base científica del giro está bien documentada. La EPA lleva tiempo describiendo la escorrentía agrícola como el gran motor del deterioro de la calidad del agua en ríos y arroyos del país, por encima de otras fuentes difusas, porque moviliza sedimentos, nutrientes y pesticidas a escala de cuenca. Cuando ese aporte se dispara en exceso de nitrógeno y fósforo, el resultado es conocido: eutrofización, proliferación de algas y episodios de hipoxia que expulsan la vida del agua. En el Golfo de México esa historia se repite cada verano con una “zona muerta” cuyo tamaño varía año a año, pero cuyo origen se asocia de forma recurrente a los nutrientes que bajan por el Misisipi tras las lluvias y el deshielo.
Un mosaico de vetos estatales
Lo llamativo es que la respuesta no está llegando con una orden federal única, sino como un mosaico estatal. Maryland recuerda cada temporada su veto invernal: en 2025 arranca el 16 de diciembre y permite retomar aplicaciones el 1 de marzo de 2026, siempre que el terreno no esté saturado, nevado o duramente congelado. Vermont mantiene una prohibición amplia del 15 de diciembre al 1 de abril (o mientras el campo siga congelado o cubierto), vinculada a sus normas de buenas prácticas obligatorias. Y Michigan acaba de endurecer el marco para grandes explotaciones (CAFOs), prohibiendo la aplicación en el corazón del invierno —enero a buena parte de marzo— para cortar el riesgo de arrastre hacia ríos y lagos durante el deshielo. En Ohio, además de límites generales (por ejemplo, restricciones a aplicar en suelos congelados o nevados), el foco histórico está en áreas sensibles como la cuenca occidental del lago Erie, donde se intenta contener las algas con reglas específicas sobre cuándo y cómo se puede esparcir fertilizante o estiércol.
El “por qué” del invierno es menos ideológico de lo que parece y más logístico: el estiércol y otros aportes de nutrientes necesitan suelo activo para incorporarse; si el terreno está helado, la capacidad de absorción cae y el nutriente queda “en superficie”, listo para viajar con la primera lámina de agua del deshielo. Esa lógica encaja con las guías técnicas que llevan años repitiendo lo mismo con otras palabras: la clave es el momento, no solo la cantidad. El estándar 590 de “nutrient management” del USDA/NRCS insiste precisamente en ajustar fuente, dosis, colocación y, sobre todo, timing para minimizar pérdidas y escorrentía.
De lo ambiental a lo sanitario
El salto de lo ambiental a lo sanitario es lo que está acelerando decisiones “radicales”. La contaminación por nitratos se cuela con especial facilidad en acuíferos rurales y pozos privados, menos vigilados que la red pública. Wisconsin se ha convertido en el ejemplo que se cita en todas las discusiones: el propio departamento de salud estatal habla de que al menos un 10% de pozos privados presentan niveles altos de nitrato, y el debate político se alimenta con informes que atribuyen más del 90% del problema a fertilizantes y estiércol asociados a la actividad agroganadera.
A nivel clínico, la referencia dura es la methemoglobinemia infantil (“síndrome del bebé azul”), la razón por la que el límite federal para nitratos en agua potable se fijó en 10 mg/L. Y, más allá de ese riesgo agudo, revisiones científicas y meta-análisis recientes han ido acumulando evidencia de asociaciones con complicaciones del embarazo y ciertos cánceres —con matices, mecanismos y mucha literatura observacional—, lo que añade presión para actuar antes de que el pozo “huela” a crisis.
La paradoja es que prohibir en invierno puede ser un freno inmediato, pero no resuelve el debate de fondo: Estados Unidos aplica enormes volúmenes de fertilizantes cada año (con el nitrógeno como protagonista), y el sistema alimentario depende de esa productividad. Por eso, mientras unos estados optan por el “no se hace” en los meses críticos, a nivel federal pesa otra estrategia: empujar cambios mediante incentivos y asistencia técnica —programas como EQIP— para financiar almacenamiento, cubiertas vegetales, franjas tampón o manejo más preciso del nutriente.
