Mientras el debate sobre la sostenibilidad del modelo cripto continúa, en el norte del estado de Nueva York se libra una batalla que ejemplifica las tensiones entre innovación tecnológica, intereses económicos y protección ambiental.
Varias empresas de minería de Bitcoin, atraídas por el bajo coste energético local, han comenzado a adquirir antiguas centrales eléctricas de gas para alimentar sus centros de datosm según recoge Xataka. Aunque se presentan como una solución al excedente energético, estos proyectos han provocado la indignación de residentes, organizaciones ecologistas y reguladores estatales.
Las emisiones se están disparando
El caso más emblemático es el de la central Greenidge Generation, una antigua planta de carbón reconvertida en 2017 en ciclo combinado y que en 2020 comenzó a operar como granja de minería de Bitcoin. Desde entonces, su consumo energético y sus emisiones se han disparado. Según Inside Climate News, sus emisiones de CO₂ se han multiplicado por seis, al tiempo que parte de la energía generada deja de ir a la red pública para alimentar exclusivamente el minado de criptomonedas. Greenidge se ha convertido en un modelo replicable para reactivar otras 49 centrales similares en el estado.
Otro conflicto se desató en North Tonawanda, cerca de las cataratas del Niágara, donde la empresa Digi Power X adquirió una central de gas para fines similares. Los residentes denunciaron un zumbido constante de los ventiladores del centro de datos, junto con un consumo diario de casi dos millones de litros de agua para refrigeración. Aunque esta agua no es potable, su uso intensivo ha generado preocupación por el impacto en las infraestructuras locales de aguas residuales. Una demanda vecinal provocó la imposición de una moratoria y la intervención de la Corte Suprema estatal, que ha ordenado reevaluar la legalidad de la operación.
Se aprovechan de un limbo legal
La situación se agrava por el limbo legal en el que operan estas plantas. Aunque el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York negó la renovación del permiso a Greenidge en 2022 por incumplir la ley climática estatal, la planta continúa operando gracias a una apelación pendiente. Un vacío legal similar permite a otras instalaciones funcionar mientras sus casos son evaluados, dejando en suspenso las restricciones que buscan reducir las emisiones estatales para cumplir con la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria.
A nivel federal, el nuevo gobierno republicano ha eliminado varias restricciones al uso de combustibles fósiles y se ha mostrado más favorable hacia la industria cripto, prometiendo un marco regulatorio más flexible. Esta postura federal contrasta con la línea dura ambiental del estado de Nueva York, intensificando el conflicto político y jurídico. Según datos de la Agencia de Información Energética, la minería de criptomonedas ya consume hasta un 2,3% del total eléctrico de EE. UU., una cifra que genera alarma entre expertos en sostenibilidad.
Mientras los vecinos protestan y los legisladores debaten, las granjas de criptomonedas siguen funcionando, apoyadas por un modelo económico que premia el acceso a energía barata y abundante.
