En varias regiones de Francia, el agua potable se ha convertido en un problema de salud pública. Desde hace años, miles de personas han visto salir de sus grifos un líquido de color marrón o negro, impregnado de sustancias peligrosas. Más allá del impacto visual y olfativo, este fenómeno esconde una amenaza mucho más grave: la presencia de cloruro de vinilo monómero (CVM), un compuesto químico cancerígeno que se filtra en el agua a través de antiguas tuberías de PVC instaladas antes de 1980. A pesar de que su toxicidad es conocida desde hace décadas, las autoridades francesas han tardado en tomar medidas efectivas para proteger a la población.
La familia Hue, residente en Châtenoy, es uno de los muchos casos afectados por esta crisis. Desde hace cinco años, han dejado de consumir agua del grifo debido a su preocupante coloración y mal olor. "No sabemos qué va a salir cada día del grifo. A veces parece petróleo", relata Nicolas Hue a Le Monde, quien ha tenido que invertir en filtros y agua embotellada para garantizar la seguridad de su familia. Como ellos, muchos habitantes de pequeñas localidades han perdido la confianza en el sistema de abastecimiento de agua. Las autoridades sanitarias insisten en que se realizan controles regulares, pero la realidad es que la contaminación por CVM sigue presente en muchas regiones rurales.
Agua contaminada con cloruro de vinilo monómero
El cloruro de vinilo monómero es un gas sintético utilizado en la fabricación de PVC, un material ampliamente empleado para tuberías de agua potable en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, se ha demostrado que con el tiempo, el CVM se desprende y contamina el agua que circula por estas conducciones. Ya en los años 70, investigadores italianos identificaron sus efectos cancerígenos, asociándolo al desarrollo de angiosarcoma hepático, un tipo de cáncer poco común y altamente agresivo. A pesar de estas evidencias, los fabricantes ocultaron durante años los riesgos para evitar responsabilidades legales y económicas.
Estados Unidos identificó este problema en 1974, cuando un grupo de trabajadores de una fábrica de PVC enfermó de cáncer de hígado. A raíz de esto, la Environmental Protection Agency (EPA) estableció límites estrictos de exposición al CVM y exigió la monitorización de su presencia en el agua potable. En Europa, la reacción fue mucho más lenta: no fue hasta 1998 cuando se fijó un umbral máximo de 0,5 microgramos por litro en el agua de consumo humano, y Francia esperó hasta 2003 para aplicar esta norma. Sin embargo, la falta de controles rigurosos ha permitido que la contaminación persista en muchas zonas.
Gaspard Lemaire ha sido una de las voces más críticas en la denuncia de la contaminación del agua potable en Francia. En su investigación, ha rastreado cómo esta crisis sanitaria fue silenciada durante décadas, a pesar de que su peligrosidad era conocida desde los años 70. A través del acceso a datos de las Agencias Regionales de Salud (ARS) y de documentos oficiales, ha demostrado que la presencia de CVM en el agua potable afecta a miles de personas en zonas rurales, sin que se hayan tomado medidas adecuadas. Su estudio también revela que las autoridades francesas tardaron más de 20 años en aplicar las normativas europeas sobre calidad del agua, y que incluso hoy no existen controles suficientes para evaluar el nivel de exposición real de la población. Su trabajo ha puesto en evidencia la falta de transparencia del Estado y ha servido para dar visibilidad a una problemática que aún permanece sin resolver.
Hay que reemplazar las tuberías
La solución definitiva a este problema pasa por reemplazar las antiguas tuberías de PVC, pero esto supone un coste millonario que muchas pequeñas comunidades rurales no pueden asumir sin ayuda estatal. Según el Ministerio de Salud francés, el precio medio por sustituir un kilómetro de tuberías ronda los 75.000 euros, una cifra inalcanzable para muchos ayuntamientos. Mientras tanto, la única medida transitoria es la purga constante de las canalizaciones para evitar que el agua permanezca estancada y se impregne de CVM, aunque esto no es una solución a largo plazo.
A pesar de las evidencias científicas y la creciente presión, miles de franceses siguen expuestos diariamente a esta sustancia tóxica sin saberlo. La opacidad con la que se ha manejado esta crisis ha llevado a muchas familias a tomar medidas por su cuenta, solicitando análisis independientes del agua que consumen. El investigador Gaspard Lemaire, especializado en derecho ambiental, ha denunciado la falta de transparencia de las autoridades y la ausencia de un plan claro para erradicar esta amenaza. “Cientos de miles de personas en Francia están bebiendo agua contaminada sin ser conscientes del riesgo que corren”, advierte. Mientras no se tomen decisiones drásticas, el acceso al agua potable segura seguirá siendo una cuestión pendiente en pleno siglo XXI.
