Pocos lugares despiertan en la retina del turista un imaginario tan hedonista como los chiringuitos de playa. En Málaga, esa postal veraniega de cañas frías, espetos y atardeceres sobre el Mediterráneo ha saltado por los aires. La Malagueta, uno de los enclaves más icónicos del litoral andaluz, está viviendo su propio conflicto de intereses entre vecinos, ayuntamiento, Junta de Andalucía y una palabra que escuece: privatización.
El motivo: una ampliación de varios merenderos que amenaza con convertirlos en colosos playeros, a medio camino entre el beach club de revista y el restaurante de diseño con vistas a la polémica. Los vecinos han explotado.
Los megachiringuitos colonizan las playas españolas: "Ya no se puede ni pasear por la orilla"
“El horizonte va a desaparecer”, claman desde la asociación vecinal SOS Malagueta, como explican desde medios locales. Y no les falta base para el enfado. Entre el restaurante Antonio Martín y la residencia militar, tres chiringuitos han sido objeto de un plan de reforma que incluye más volumen, estructuras más altas y, en algunos casos, el derribo de las construcciones originales para reubicarlas.
Uno de los nuevos locales ya ha sustituido la barra con toldo por una estructura acristalada, de madera oscura y cubierta ondulada, que alcanza los 4,1 metros de altura y se extiende 24 metros a lo largo del paseo marítimo. En total, 286 metros cuadrados que incluyen cocina, baños, terraza cubierta y una zona abierta desmontable. De merendero a nave insignia.
Pero la queja vecinal va más allá de lo puramente estético. Lo que está en juego —afirman— es el modelo de ciudad. El conflicto por los chiringuitos ha reavivado el debate sobre la privatización sistemática del litoral, el impacto de la turistificación y el progresivo desplazamiento del residente en favor del visitante de paso.
Desde el consistorio malagueño insisten en la legalidad de las concesiones, que pueden alcanzar los 300 m², y recuerdan que las obras cuentan con todos los permisos. Mientras tanto, la oposición municipal ya ha pedido explicaciones y desde SOS Malagueta se han movilizado con firmas, informes técnicos y denuncias públicas. El Ayuntamiento afirma que se trata de un movimiento legal y en base a la Ley de Costas, aunque los vecinos no lo tienen claro.
Lo que ocurre en La Malagueta no es un caso aislado. Es un síntoma. El síntoma de una ciudad que roza la saturación turística —como el propio Ayuntamiento ha reconocido en un informe— y que camina en la cuerda floja entre sostenibilidad y sobreexplotación. Málaga, capital cultural, tecnológica y ahora epicentro gastronómico, puede terminar víctima de su propio éxito si no redefine sus prioridades. Y como siempre en estos asuntos, el problema no son los chiringuitos. Es el modelo de playa. Y, más aún, el modelo de ciudad.
