Mientras muchos españoles empiezan a pensar en propósitos de Año Nuevo, viajes o proyectos para un 2026 que asoma en el horizonte, miles de familias encaran el año con preocupación. Son inquilinos que han vivido los últimos años en casas arrendadas y ahora se enfrentan al vencimiento de sus contratos, en un contexto radicalmente distinto al de 2021, cuando firmaron sus acuerdos.
La llamada “gran revisión de alquileres” amenaza con elevar hasta 4600 euros anuales las rentas de quienes no quieran mudarse. Para muchos, 2026 no será un año de Mundial ni de Eurovisión; será el año de decidir si asumir incrementos históricos o buscar un nuevo hogar.
La Gran Revisión de Alquileres de 2026 afectará a más de un millón de españoles: los precios podrían subir hasta 1700 euros.
Lo que ocurre tiene raíces legales y económicas. Los contratos firmados desde 2019 duran cinco años si el arrendador es particular, siete si es empresa, con actualizaciones anuales basadas en IPC o IRAV. Hasta aquí, nada nuevo. Lo diferencial de los contratos de 2020 y 2021 es que se pactaron en plena pandemia, con un mercado afectado por el COVID-19. Tras años de subidas moderadas, en 2020 las rentas se abarataron y no recuperaron fuerza hasta bien entrado 2021, momento en el que los precios comenzaron a dispararse.
El efecto es evidente: quien firmó un contrato en los primeros meses de 2021 se benefició de tarifas relativamente bajas, pero ahora, al vencer el acuerdo, la negociación se produce en un mercado con alquileres en máximos históricos.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, adelantados por El País, los contratos que se renueven en 2026 podrían subir hasta 383 euros al mes, unos 4600 euros al año en los casos más extremos. La media anual para España se estima en 1735 euros. Las subidas más intensas afectarán a Baleares (hasta 4615 €), Comunidad Valenciana (2686 €), Canarias (2267 €) y Madrid (2042 €).
En total, más de 1,6 millones de personas verán cómo su renta aumenta. Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran el mayor número de contratos afectados. Sin embargo, los cálculos deben leerse como aproximaciones: no todos los contratos cumplen cinco años exactos, existen zonas tensionadas y el mercado es heterogéneo, con áreas donde los precios no siguen la misma tendencia. Desgraciadamente, teniendo en cuenta el acuciante problema de la vivienda, 2026 parece que marcará un punto de inflexión en la vida de millones de familias y en la dinámica del mercado residencial.
