La violencia urbana sigue marcando la realidad de muchas ciudades alrededor del mundo, y México destaca tristemente en el más reciente informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Según el reporte de 2024, esta ciudad lidera la lista de las más violentas del planeta, con 20 localidades entre las 50 mencionadas. De ellas, siete figuran entre las diez primeras, subrayando la magnitud de la crisis de seguridad que enfrenta el país.
El análisis, basado en la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en ciudades con más de 300.000 personas, evidencia un patrón preocupante que pone en jaque a las autoridades mexicanas. La clasificación de las diez ciudades más peligrosas sitúa en primer lugar a Puerto Príncipe, Haití, seguido por Colima, Acapulco, Manzanillo, Tijuana, Ciudad Obregón, Celaya y Zamora, todas mexicanas, además de Machala en Ecuador y Puerto España en Trinidad y Tobago.
Esta lista resalta no solo la situación crítica en México, sino también la creciente violencia en otras partes de América Latina.
Ecuador ha vivido un repunte en la criminalidad
Ecuador, por ejemplo, ha experimentado un repunte alarmante en los últimos años, mientras que Trinidad y Tobago lucha contra una escalada de crímenes violentos que afectan gravemente la estabilidad social. Más allá de las cifras, el impacto de la violencia en la vida cotidiana de los ciudadanos es devastador. En las ciudades mexicanas más afectadas, la población ha debido alterar sus rutinas diarias por miedo a la delincuencia.
Comerciantes enfrentan extorsiones constantes, mientras que la amenaza del crimen organizado limita las oportunidades económicas y sociales. Las “cuotas” o pagos forzosos a bandas criminales se han convertido en un lastre para pequeños y medianos negocios, y muchas familias optan por abandonar sus hogares en busca de lugares más seguros, generando flujos migratorios internos y hacia el extranjero.
En México las cosas están cada vez peor
La situación en México refleja un problema estructural que va más allá de la violencia en sí misma. Factores como la impunidad, la corrupción en los cuerpos policiales, la débil aplicación de la ley y la desigualdad social actúan como catalizadores de esta crisis.
Los expertos insisten en la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial y policial, así como en la creación de políticas públicas que promuevan la educación, el empleo y la cohesión social, herramientas esenciales para disminuir los índices de criminalidad a largo plazo.
