España lleva años luchando contra uno de sus problemas más invisibles y costosos: el despilfarro de alimentos. Cada año, se tiran en el país más de un millón de toneladas de comida perfectamente apta para el consumo, una cifra alarmante que sitúa a España entre los países europeos con peores registros en este ámbito.
Para abordar este problema, el Gobierno ha implementado la Ley 1/2025, aprobada el 1 de abril y en vigor desde el 3 de abril. Esta normativa obliga a toda la cadena alimentaria, desde supermercados hasta bares y restaurantes, a reducir el desperdicio de alimentos bajo amenaza de importantes sanciones.
El Gobierno español endurece las normas para combatir el despilfarro en bares y restaurantes
La nueva ley pone especial énfasis en la hostelería, uno de los sectores con mayor desperdicio de alimentos. A partir de ahora, los establecimientos deberán contar con un Plan de Prevención del Desperdicio Alimentario y aplicar medidas concretas para evitar que la comida acabe en la basura. Una de las obligaciones más destacadas es la de proporcionar al cliente, de forma gratuita, un envase para llevarse las sobras de su comida, una práctica común en otros países europeos pero que aún no estaba generalizada en España.
Además, la norma sugiere un cambio significativo en la forma de consumir en bares y restaurantes. Aunque no es obligatorio, se recomienda flexibilizar las cartas para ofrecer medias raciones, menús adaptados al apetito del cliente o diferentes tamaños de plato. El objetivo es sencillo: que cada consumidor pueda pedir solo lo que realmente va a comer y, así, reducir los restos que terminan en la basura.
La ley prioriza el consumo humano y la donación de alimentos sobre los usos industriales o energéticos, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que buscan reducir a la mitad el desperdicio alimentario para 2030. Además, incluye recomendaciones sobre compra sostenible, compostaje, formación del personal y campañas de concienciación para involucrar tanto a empresas como a consumidores.
Los supermercados también están sujetos a este nuevo marco legal. Deben incentivar la venta de productos próximos a su fecha de consumo preferente mediante descuentos y promociones para evitar su destrucción. Las multas son bastante agresivas. Las infracciones graves, como la falta de un plan de prevención, comienzan en 2.001 euros, pero la reincidencia puede elevar las sanciones hasta los 500.000 euros. Esto demuestra que el Ejecutivo considera la lucha contra el desperdicio alimentario una prioridad para la economía y la sostenibilidad del país.
