La cruzada de LaLiga contra las emisiones piratas ha tenido consecuencias no deseadas que van más allá de lo previsto. Cada semana, mientras se cierran webs que retransmiten partidos sin licencia, también se ven afectados servicios legítimos como tiendas online, medios de comunicación y páginas de salud pública. Este efecto dominó ha dejado a gran parte de Internet impactado sin tener nada que ver con la infracción.
La situación ha llegado al ámbito político. El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa para limitar los bloqueos masivos de direcciones IP solicitados por LaLiga. Impulsada por PSOE y ERC, y con el apoyo de la mayoría de la Cámara, la reforma de la Ley de Servicios Digitales busca establecer límites claros para evitar medidas desproporcionadas.
El Congreso de los Diputados ha aprobado una ley que prohíbe bloquear sitios web que retransmiten partidos de La Liga durante eventos deportivos.
Aprobada el 29 de abril en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital -con el apoyo de Sumar, EH Bildu, PNV y Compromís, el rechazo de PP y Vox, y la ausencia de Junts-, la propuesta plantea un cambio de enfoque en este tipo de bloqueos masivos. Su idea es sencilla, pero su ejecución parece bastante compleja a simple vista. Lo que se busca no es otra cosa que obligar a los operadores y la propia Liga de fútbol a realizar bloqueos más precisos y menos indiscriminados, justificados y escalonados.
La reforma se basa en tres pilares. El primero, la proporcionalidad tecnológica, exige medidas precisas que identifiquen al infractor sin afectar a otros que comparten infraestructura. El segundo introduce una gradación en la respuesta, evitando el bloqueo total de una IP si hay alternativas menos dañinas.
El tercero se centra en los terceros afectados, obligando a considerar a quienes no participan en la actividad ilegal en resoluciones judiciales y administrativas. Este punto busca fortalecer la protección de los usuarios legítimos de internet en este tipo de circunstancias.
El problema subyacente no es nuevo, ya que muchas páginas web comparten la misma dirección IP en servicios de alojamiento global. Esto hace que cada bloqueo sea excesivamente amplio, indiscriminado y muy lesivo, afectando a múltiples sitios web legítimos. Por ejemplo, tumbar una página pirata puede arrastrar consigo decenas, o incluso cientos, de servicios legítimos, causando interrupciones significativas, especialmente en días de fútbol.
Desde la perspectiva de LaLiga, esta arquitectura no es casual. La organización sostiene que compañías como Cloudflare permiten que los sitios web ilegales se oculten tras redes compartidas, utilizando páginas legales como una suerte de escudo. En cualquier caso parece que el pulso técnico y legal ahora entra en una nueva fase.
