Cada verano, los incendios forestales se convierten en una de las principales amenazas para el patrimonio natural y cultural de España. La ola de calor que atraviesa la península multiplica el riesgo, y enclaves únicos como Las Médulas, en León —un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad por su pasado minero romano— han vuelto a estar en peligro. La recurrencia de estas catástrofes alimenta la necesidad de explicaciones inmediatas, aunque a menudo estas se apoyan más en el imaginario colectivo que en los datos.
Entre las creencias más extendidas está la idea de que muchos de estos incendios son provocados para recalificar los terrenos y dar vía libre a la construcción. El mito conecta con el trauma colectivo de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo y resulta tentador por lo simple: el fuego como antesala del ladrillo. Sin embargo, la legislación vigente impide que esto ocurra.
Estos marcos legales limitan considerablemente la plausibilidad del relato que atribuye los incendios a intereses inmobiliarios.
De hecho, los datos desmienten la supuesta relación entre incendios y urbanización.
La insistencia de expertos, medios y organismos verificados concluye: el fuego no es herramienta de recalificación, sino que el mito persiste como narrativa simplista ante un fenómeno complejo.
Las consecuencias penales para quien provoque incendios forestales también están claras:
De hecho, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales calculó que solo un 0,12% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2014 pudo tener como posible motivación un cambio en el uso del suelo, y ni siquiera hubo sentencias judiciales que lo confirmaran. La reforma de la Ley de Montes en 2015 cerró aún más las puertas: desde entonces no se ha registrado ningún caso de recalificación tras un fuego.
Entonces, ¿qué motiva a quienes prenden fuego al monte? Los estudios y las estadísticas apuntan a causas mucho más pedestres que la especulación urbanística. La mayoría de incendios intencionados tienen que ver con quemas agrícolas y ganaderas mal gestionadas, limpiezas de rastrojos o prácticas ligadas al uso tradicional del territorio. Solo un pequeño porcentaje responde a actos de vandalismo o problemas psiquiátricos. Cuando a estas conductas se suma el abandono rural y el cambio climático, el resultado es una tormenta perfecta para que las llamas se propaguen sin control.
De hecho, en 2022, España fue el país de la UE con más incendios y superficie quemada: 315 705 hectáreas, una extensión mayor que toda la provincia de Álava. Sin embargo, los datos a largo plazo no muestran una tendencia de aumento sostenido, aunque el cambio climático sí altera los patrones y la intensidad de los incendios.
A finales de los años 90, se observó un descenso en el número de siniestros y superficie quemada, resultado de mejoras en estrategias, protocolos, inversión en medios técnicos y experiencia acumulada. La realidad, más compleja, habla de un territorio cada vez más vulnerable por la despoblación, la falta de gestión forestal y la intensificación de fenómenos extremos.
