En agosto del 2022 vimos como Alex Neill, un activista de derechos de los consumidores, anunciaba una demanda multimillonaria contra Sony por haber "cobrado de más" a los jugadores en sus compras digitales a través de la PlayStation Store.
Tras el anuncio, la compañía creadora de PlayStation apeló a los tribunales para intentar anularla argumentando que la demanda tenía defectos y estaba viciado "de principio a fin" pero, hace unas horas se ha hecho oficial que los tribunales han decidido que la demanda es viable, es decir, que el proceso judicial que va a enfrentar a Alex Neill y a Sony sigue adelante.
"Este es el primer paso para garantizar que los consumidores recuperen lo que se les debe como consecuencia por la infracción de la ley por parte de Sony", ha declarado Neill tras conocer que su demanda va a seguir adelante. "Sony se ha aprovechado de la lealtad de los jugadores de PlayStation cobrándoles precios excesivos durante años. Es significativo que un Tribunal de Defensa de la Competencia haya reconocido que Sony debe dar explicaciones por sus acciones en un juicio. Con esta acción pretendemos poner fin a su conducta ilegal y garantizar que los clientes sean compensados".
Una demanda que reclama a Sony 5743 millones de euros por abuso de poder
Como decimos, esta demanda se registró en el año 2022 de la mano de Alex Neill que aseguraba que Sony había "estafado a los jugadores" cobrándoles de más en sus compras a través de la PlayStation Store, reclamando al cambio unos 5743 millones de euros que sería la cantidad que la empresa japonesa habría cobrado de más a sus clientes según Neill, que argumenta que Sony abusa de su posición dominante en el mercado para cobrar precios excesivos e imponer condiciones estrictas a desarrolladores y editores de juego, condiciones gracias a las cuales Sony obtiene una comisión del 30 % por cada compra, lo que para Neill "da lugar a precios excesivos e injustos para los consumidores".
De prosperar el caso y perder en los tribunales, Sony tendría que devolver los más de 5700 millones de euros que se le reclaman a los que habría que sumar otros gastos e intereses.
