La Ley 7/2023 ha revolucionado la tenencia de animales en España, con cambios en el día a día de estos animales, y estableciendo el Registro de Animales de Compañía como pilar fundamental del sistema de control, trazabilidad y protección de las mascotas.
Si bien la identificación de perros y gatos ya era común en varias comunidades autónomas, la nueva normativa ha unificado criterios y reforzado la obligación de inscribir a cualquier animal de compañía en el registro autonómico correspondiente.
Este registro no es solo un trámite burocrático, sino una herramienta esencial para reducir el abandono y agilizar la búsqueda de animales perdidos, facilitando su rápida devolución a casa. El registro está vinculado a la implantación del microchip, un pequeño dispositivo electrónico, similar a un grano de arroz, que debe ser colocado obligatoriamente por un veterinario colegiado.
Al implantar el microchip, el veterinario introduce los datos del animal y su titular en la base de datos autonómica, creando un registro oficial que permite a autoridades y centros de protección identificar al propietario en segundos. Este sistema actúa como una 'identidad digital' del animal, facilitando la gestión de pérdidas o robos y reforzando el control sobre la tenencia responsable.
Un aspecto crucial de la normativa es la obligación de mantener la información actualizada. Los propietarios deben comunicar cualquier cambio de domicilio, transmisión de la titularidad o fallecimiento del animal dentro de los plazos establecidos, que suelen ser cortos.
La ley también promueve la interoperabilidad de los registros autonómicos, lo que permite identificar sin problemas a los animales inscritos en una comunidad en otra. Esto elimina muchas barreras administrativas y facilita la movilidad dentro del territorio nacional. El registro no se limita a perros y gatos; también incluye otras especies consideradas animales de compañía, como los hurones, y aquellas incluidas en el listado positivo establecido por la normativa.
Incumplir estas obligaciones es una infracción grave que puede resultar en importantes sanciones económicas, con multas que comienzan en torno a los 10.000 euros. La filosofía de fondo de esta regulación es clara: la identificación es el primer paso crucial para combatir el abandono y el maltrato, cerrando la puerta a la impunidad en estos casos.
En última instancia, el Registro de Animales de Compañía funciona como un mecanismo de doble protección. Refuerza las obligaciones legales del propietario y garantiza que el animal quede identificado oficialmente ante la administración.
