La obligación de identificar a perros y gatos mediante microchip antes de entregarlos a otra persona no es una novedad legal, pero sigue generando confusión entre muchos propietarios. A pesar de que esta exigencia lleva años en vigor, todavía persiste el desconocimiento sobre un aspecto clave: ceder o dar en adopción un animal sin identificar está expresamente prohibido.
En paralelo, el papel de los animales de compañía en la sociedad española ha cambiado de forma notable. Perros y gatos han dejado de ser simples mascotas para convertirse en miembros del núcleo familiar, con una presencia cada vez más relevante en la vida cotidiana de millones de hogares.
La Ley de Bienestar Animal, que prohíbe la adopción de animales sin identificar, ya está en vigor
En este escenario, el microchip se consolida como una herramienta fundamental. Permite identificar de forma rápida tanto al animal como a su responsable legal, algo crucial en casos de pérdida, abandono o conflicto.
Además, facilita el control sanitario, contribuye a frenar el tráfico ilegal y refuerza la protección jurídica de los animales.
También tiene un impacto directo en la seguridad y la convivencia. Un animal correctamente registrado puede ser localizado con mayor facilidad y vinculado a su propietario, reduciendo así situaciones de riesgo o disputas. Desgraciadamente, los datos evidencian que aún queda camino por recorrer.
En España, uno de cada tres hogares convive con al menos un animal de compañía y hay más de trece millones identificados, pero la realidad en los centros de acogida es distinta. Solo un 27,7 % de los perros recogidos tiene microchip, y en gatos la cifra cae a un preocupante 4,3 %.
La legislación vigente, recogida en la Ley 7/2023, es clara: queda prohibida la comercialización, donación o adopción de animales sin identificar. Por último, el animal debe estar registrado a nombre de quien lo cede antes de cualquier cambio de titularidad. La norma también regula las adopciones: exige contratos en cesiones gratuitas, prohíbe entregar animales menores de ocho semanas y limita estas prácticas a entidades autorizadas.
