Durante décadas, las prácticas en empresas han sido una puerta de entrada casi obligatoria al mercado laboral en España. Este periodo formativo, en teoría, servía como trampolín hacia el empleo, pero en la práctica dejó a una generación entera en un limbo administrativo: horas de trabajo real sin cotización en la Seguridad Social.
El sistema público busca ahora corregir este vacío. Se permitirá a quienes realizaron prácticas recuperar hasta cinco años de cotización, lo que equivale a un máximo de 1825 días añadidos a su historial laboral. Este reconocimiento no es automático, sino que requiere una solicitud individual por parte de cada interesado. El procedimiento no es universal ni ilimitado. Para acogerse a esta posibilidad, es necesario acreditar documentalmente las prácticas realizadas, ya sean curriculares o vinculadas a programas de formación.
La Seguridad Social ha confirmado oficialmente la concesión de cinco años de cotización adicionales a todos los trabajadores que cumplan los requisitos antes de 2028
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha establecido distintos cortes temporales. Las prácticas no remuneradas podrán regularizarse si se realizaron antes de 2024. Para otros programas formativos más antiguos, el límite se sitúa en periodos anteriores al 1 de noviembre de 2011.
El proceso de regularización implica una revisión caso por caso, con una carga burocrática considerable. Uno de los principales retos es la recuperación de certificados y documentación que pueden tener más de una década de antigüedad. Para abordar esta complejidad, el Gobierno ha ampliado el plazo de solicitud. El convenio con la Seguridad Social podrá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2028, lo que proporciona un amplio margen para recopilar pruebas y completar el procedimiento sin prisas.
La regularización no es gratuita. El trabajador debe abonar las cuotas no ingresadas para “comprar” esos años de cotización. El cálculo se basa en la base mínima del grupo 7 del año en que se realizaron las prácticas, a la que se aplica un coeficiente reductor del 0,77.
El sistema ofrece diferentes opciones de pago para evitar que la regularización sea una carga inasumible. Quien disponga de liquidez puede abonar la cantidad en un solo pago. De lo contrario, se puede fraccionar la deuda mes a mes. El plazo máximo de devolución puede extenderse hasta el doble de los meses a recuperar, con un máximo de 84 mensualidades (siete años). Esta medida se enmarca en una revisión más amplia del papel de los becarios en el mercado laboral y la falta de cotización histórica en muchos programas formativos.
Este debate ya ha dado lugar a otras derivadas legislativas, como el refuerzo de las obligaciones de las empresas en materia de compensación de gastos y posibles sanciones, y sigue alimentando la discusión sobre si las prácticas deben considerarse formación o trabajo encubierto.
