Durante años en España, ha sido habitual que convivir con un perro o un gato terminara, de forma casi natural, en la llegada de una camada. En muchos hogares españoles, la cría de mascotas se ha visto profundamente alterada. La cría de animales de compañía, antes vista como una actividad doméstica e incluso inocente, compartida entre familiares o amigos, ha experimentado un cambio radical con la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal.
Esta normativa, aprobada en 2023 y plenamente aplicada en 2026, aborda uno de los problemas estructurales más acuciantes del país: el abandono y la superpoblación de animales. La sobrecarga de los protectores, las camadas no planificadas y el mercado irregular de cachorros han impulsado al legislador a intervenir con mayor firmeza.
En este contexto, la regulación de la cría de animales de compañía se ha convertido en un punto de gran controversia. Lo que antes se consideraba una práctica doméstica sin mayor importancia, ahora está estrictamente regulado por la ley y requiere autorización administrativa.
La Ley de Bienestar Animal prohíbe oficialmente a los dueños y particulares que sus mascotas tengan crías
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha redefinido las reglas del juego en España. Aunque persiste la creencia de que una camada ocasional no representa un problema, la norma es clara, pues se especifica que la reproducción ya no puede realizarse de forma privada ni sin control. El artículo 27 de la ley prohíbe la cría de animales de compañía sin estar inscrito en el Registro de Criadores de Animales de Compañía. Esta medida afecta especialmente a perros, gatos y hurones, las especies más comunes en los centros de acogida y las más implicadas en casos de abandono.
El objetivo de la ley no es solo controlar la venta de animales, sino también reducir las camadas no deseadas y frenar el circuito informal que durante años ha operado a través de internet, redes sociales o acuerdos entre particulares. Según las autoridades, este sistema ha favorecido situaciones de abandono, problemas sanitarios y crías sin control veterinario o genético.
En la práctica, esto significa que un particular no puede simplemente decidir cruzar a sus mascotas y entregar o vender los cachorros libremente. Para hacerlo legalmente, es necesario estar registrado como criador, cumplir requisitos específicos y someterse a supervisión administrativa, lo que convierte la actividad en algo prácticamente profesionalizado.
El Registro de Criadores actúa como una herramienta de trazabilidad y control. Sus inscritos deben acreditar conocimientos en bienestar animal y disponer de instalaciones adecuadas que garanticen higiene, espacio suficiente y atención veterinaria. Además, permite seguir el origen de cada camada, dificultando la cría ilegal y las transacciones opacas. Para evitar la reproducción no supervisada, la ley introduce la obligación general de impedirla. Los propietarios que no estén registrados como criadores deben adoptar medidas para evitar camadas no deseadas.
En el caso de los gatos, la normativa es especialmente estricta, exigiendo su esterilización antes de los seis meses, salvo que formen parte de un programa de cría autorizado o exista una justificación veterinaria. Con perros y hurones, aunque no se impone una esterilización obligatoria en todos los casos, sí se establece la responsabilidad directa del propietario de evitar la reproducción si no está autorizado. De lo contrario, puede haber consecuencias legales si se produce una camada no registrada.
Otro cambio importante es la prohibición de la venta de cachorros entre particulares, una práctica extendida durante décadas. A partir de la entrada en vigor de la ley, la comercialización de animales solo puede realizarse a través de criadores oficialmente registrados. Esto implica que los anuncios de camadas domésticas o las ventas improvisadas quedan fuera del marco legal. Incluso en casos de camadas accidentales, estas deben comunicarse a las autoridades competentes y no pueden ser objeto de venta privada.
Criar animales sin estar inscrito en el registro oficial conlleva sanciones severas, con multas que oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros. La norma se fundamenta en la filosofía del “sacrificio cero”, con el objetivo de reducir el número de animales abandonados y aliviar la presión sobre refugios y centros municipales. El control de la cría se considera una pieza clave para abordar el problema desde su raíz.
