Durante años, el alquiler turístico ha sido una fuente creciente de tensión en el ya de por sí presionado mercado de la vivienda en España. Ciudades como Barcelona, Valencia y Sevilla han implementado medidas más estrictas, como la limitación de licencias o la congelación de nuevas autorizaciones, en respuesta al impacto de plataformas como Airbnb. Ante esta creciente presión social, judicial y política, la Comunidad de Madrid ha decidido tomar cartas en el asunto con una reforma bastante clara y profunda.
España ha endurecido las regulaciones sobre las viviendas turísticas, y Madrid exige ahora la aprobación de la comunidad de propietarios
El Gobierno regional ha aprobado un decreto que redefine las reglas para las viviendas de uso turístico (VUT), endureciendo considerablemente las condiciones para su explotación. Esta norma, aprobada por el Consejo de Gobierno el 25 de marzo de 2026 y publicada en el Boletín Oficial autonómico, entró en vigor el 26 de abril. Además, se alinea con los últimos cambios legislativos y el creciente respaldo judicial a las comunidades de propietarios.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tiene un doble objetivo con esta reforma: mejorar la calidad de la oferta turística y proteger tanto a los usuarios como a los vecinos, en un contexto donde el conflicto entre residentes y alquiler vacacional ha ido en aumento en toda España.
El decreto introduce un cambio significativo: a partir de ahora, no basta con que los estatutos de una comunidad no prohíban el alquiler turístico. Será necesario contar con la aprobación expresa de los vecinos. Esto otorga a las comunidades de propietarios la capacidad de autorizar, limitar o incluso vetar este tipo de actividad dentro de sus edificios. La normativa también establece una prohibición: las viviendas con protección pública no podrán usarse para turismo. Esta medida busca proteger el parque de vivienda asequible de usos especulativos.
Además, los ayuntamientos podrán fijar límites al número de viviendas turísticas por edificio, barrio o distrito, según criterios urbanísticos o de interés general. Este modelo ya se aplica en otras grandes ciudades españolas, donde se han creado zonas tensionadas o cupos máximos para frenar la expansión descontrolada.
El decreto también eleva los requisitos técnicos. Se detallan nuevas normas sobre habitabilidad, equipamiento y seguridad, como dimensiones mínimas de las estancias, ventilación adecuada, mobiliario completo y sistemas de prevención como extintores y señalización de evacuación. Todo ello deberá acreditarse con un certificado específico, el CIVUT, para operar legalmente. Madrid se une a una tendencia nacional: limitar un modelo que, sin regulación, impacta directamente en el acceso a la vivienda y la convivencia urbana.
