Tener un perro en España ya no se trata solo de convivencia o cuidado doméstico; también implica un conjunto de obligaciones legales que ha ido ganando complejidad en los últimos años y que aún hoy genera dudas entre muchos propietarios.
Una de las obligaciones más debatidas es la del seguro de responsabilidad civil. Esta medida, incluida en el nuevo marco estatal de protección animal, ha despertado interpretaciones distintas desde su aprobación, tanto por su alcance como por su aplicación real en el territorio.
La Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor recientemente, exige a los propietarios de perros que contraten un seguro de responsabilidad civil
La norma no es un elemento aislado, sino que se integra en la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta ley establece un conjunto común de principios para la tenencia responsable de animales de compañía en toda España. Dentro de este esquema, se contempla que los titulares de perros dispongan de un seguro que cubra los posibles daños que el animal pudiera ocasionar a terceros.
El objetivo de esta regulación es doble, pues se busca reforzar la protección frente a incidentes y avanzar hacia una mayor homogeneización normativa entre comunidades autónomas, donde hasta ahora existían diferencias notables. En términos prácticos, la ley incorpora el seguro como parte de las condiciones generales de tenencia responsable. No es una medida aislada, sino una pieza más dentro de un sistema que también regula aspectos como la identificación del animal, su cuidado y su bienestar.
Sin embargo, su puesta en marcha no ha supuesto un cambio inmediato y uniforme en todo el país. La realidad, como suele ocurrir en estos casos, es más compleja. El principal problema es que la normativa estatal convive con regulaciones autonómicas previas y con distintos ritmos de desarrollo reglamentario, lo que ha dado lugar a una aplicación desigual.
Cabe destacar que el seguro de responsabilidad civil para perros no es un concepto completamente nuevo en el ordenamiento jurídico español. Antes de la ley estatal, ya era obligatorio para los perros considerados potencialmente peligrosos en todo el país. Con el tiempo, varias comunidades autónomas ampliaron esta exigencia a todos los perros, independientemente de su raza o tamaño.
Entre estas comunidades se encuentran la Comunidad de Madrid, Cataluña, Navarra, Asturias y el País Vasco, donde esta cobertura ya estaba implantada o en vías de generalización antes de la ley estatal. Por lo tanto, para muchos propietarios, la entrada en vigor de la ley no supuso un cambio drástico en su vida cotidiana, sino más bien la consolidación de una obligación que ya cumplían en la práctica.
Cabe señalar que una parte importante de los seguros de hogar ya incluye coberturas de responsabilidad civil para mascotas, lo que significa que muchos dueños están cubiertos sin saberlo, siempre que no se trate de perros que requieran pólizas específicas. Además, en el ámbito de las adopciones, algunas protectoras y administraciones locales ya incluyen seguros iniciales al entregar el animal, aunque la responsabilidad última de su mantenimiento recae siempre en el titular.
A día de hoy, el panorama en España sigue siendo diverso. Mientras que en algunas comunidades el seguro es obligatorio para todos los perros, en otras continúa limitado a los considerados potencialmente peligrosos. El marco estatal apunta hacia una progresiva convergencia normativa, aunque su implementación efectiva aún depende del desarrollo y la adaptación autonómica.
