Donald Trump ha anunciado que su Administración se dispone a impedir que los grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares en Estados Unidos, con el argumento de que esa competencia “de Wall Street” está alimentando la escalada de precios y expulsando del mercado a compradores, sobre todo jóvenes, en pleno año previo a las elecciones de mitad de mandato.
El mensaje lo lanzó en Truth Social y lo envolvió en un lema fácil de recordar: “la gente vive en casas, no las corporaciones”. Aseguró que está “tomando medidas inmediatas” para activar el veto y que, además, pedirá al Congreso que lo convierta en ley; por ahora, ni la Casa Blanca ni el propio Trump han detallado el mecanismo exacto, y el presidente ha emplazado a presentar más propuestas de vivienda en las próximas semanas, con Davos en el horizonte.
Reacción del mercado y límites del anuncio
El anuncio tuvo efecto instantáneo en Bolsa porque tocó un nervio del negocio del alquiler residencial: firmas vinculadas a grandes carteras de unifamiliares y al “single-family rental” cayeron con fuerza en las horas posteriores, con descensos destacados en Blackstone e Invitation Homes antes de recuperar parte del terreno al día siguiente. La lectura del mercado fue clara: aunque falten detalles, la intención política ya es un riesgo reputacional y regulatorio para el sector.
La Administración ha intentado rebajar una de las alarmas más explosivas: no habría ventas forzosas de lo que los fondos ya tienen. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que el objetivo sería frenar compras futuras de grandes jugadores, no obligar a liquidar inventarios actuales, una puntualización clave porque separa el golpe simbólico (cerrar la puerta) del shock financiero (vaciar carteras).
Qué cambiaría en la práctica
Otra cosa es cuánto puede cambiar la película en la vida real. Distintos análisis recientes subrayan que los “mega inversores” pesan relativamente poco a escala nacional, pero su presencia se concentra en mercados concretos —algunos metros del Sun Belt, por ejemplo— donde sí pueden tensionar precios y alquileres. Dicho de otro modo: incluso si el veto sale adelante, su impacto sería desigual y competiría con los factores que más encarecen la vivienda hoy: oferta insuficiente y coste de la financiación.
De hecho, el propio Trump está intentando atacar también la pata de las hipotecas: el 8 de enero anunció que ha ordenado impulsar la compra de 200.000 millones de dólares en bonos hipotecarios con la idea de empujar a la baja los tipos, una medida que recuerda por su lógica a herramientas usadas en otras crisis y que, según especialistas citados por Reuters, podría tener un efecto limitado en puntos básicos.
